Los estudiantes extranjeros hacen una contribución económica de US$41.000 millones anuales y sustentan más de 450.000 empleos en EE.UU.
Por EFE
La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron este miércoles una querella contra el Gobierno del presidente Donald Trump, por una nueva norma que forzaría a los alumnos extranjeros que tengan que dar las clases en línea, a dejar Estados Unidos.
La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), divulgó el martes la norma según la cual el Departamento de Estado no concederá visas a los estudiantes extranjeros matriculados en instituciones o programas que sean completamente en línea.
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Según el Departamento de Seguridad Nacional, del cual ICE es una dependencia, hay en EE.UU. aproximadamente 1,1 millones de estudiantes extranjeros con visas F-1 y M-1.
De acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes extranjeros hacen una contribución económica de 41.000 millones de dólares anuales y sustentan más de 450.000 empleos en el país.
«Creemos que la orden de ICE es una mala política pública y creemos que es ilegal», señaló este miércoles en una declaración Lawrence Bacow, presidente de la Universidad de Harvard, en Massachusetts.
«Llevaremos adelante el caso con determinación para que nuestros estudiantes internacionales, y los estudiantes extranjeros en instituciones de todo el país, puedan continuar sus estudios sin la amenaza de deportación», añadió Bacow después de presentar la querella en el Tribunal Federal de Boston.
Gregory Washington, presidente de la Universidad George Mason (GMU), en Virginia, dijo que la medida «podría forzar a cientos de miles de estudiantes a abandonar Estados Unidos, y amenaza con interrumpir la labor académica de más de 3.000 estudiantes aquí, en GMU».
«A pesar de los retos sin precedentes que encaramos, no cejaremos en nuestro apoyo a nuestra comunidad internacional», añadió Washington, e indicó que las universidades explorarán juntas la forma de «proteger a esta población vulnerable».
La demanda pide que se anule la orden de ICE, que califica de «arbitraria y caprichosa», que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando dos semanas atrás encontró carente de argumentos el decreto del presidente Trump que en 2017 dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes de la deportación.
La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo el martes que la orden «es otro intento cruel e ilegal del gobierno de Trump y del ICE por sembrar incertidumbre y castigar a los inmigrantes».
«Nuestro estado aloja a miles de estudiantes internacionales quienes no deberían temer la deportación para tener una educación», añadió.
La norma gubernamental podría reducir sustancialmente el número de estudiantes extranjeros matriculados para el año lectivo que comienza este otoño (hemisferio norte).
La pandemia de COVID-19 ya ha causado demoras en el procesamiento de las visas y el trámite para los estudiantes debería completarse antes de fin de julio, pero debido a la preocupación por la salud de alumnos y profesores, muchas universidades han anunciado una combinación de clases presenciales y cursos dictados en línea.
Ken Cucinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional del cual depende el ICE, dijo que la nueva norma «alentará a las universidades a reanudar sus actividades».
El presidente de la Universidad de Massachusetts, Marty Meehan calificó como «cruel» el cambio de requisitos y dijo que «crea confusión e inestabilidad enormes para miles de estudiantes internacionales en la UM, sin mencionar el más de millón de estudiantes extranjeros en todo el país».
Beth Kontos, presidente de la Federación Estadounidense de Docentes, dijo que «esta decisión hay que llamarla por lo que es: un presidente racista que insiste en su estrategia fallida de negar las realidades de la crisis de salud y que renueva su campaña de odio contra los inmigrantes».