La informalidad continúa afectando a 71,3 % de casi 15 millones de trabajadoras en el hogar.
Por Revista Summa
Las 14,8 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en América Latina y el Caribe, de los cuales 13,5 millones o casi 90 por ciento son mujeres, experimentaron fuertes impactos a causa de la crisis provocada por la pandemia, con pérdida de empleos, reducción en sus horas de trabajo y disminución en sus ingresos, destacó hoy la Oficina Regional de OIT.
Datos disponibles para un grupo de países de la región en el peor momento de la pandemia el segundo semestre de 2020, indicaban que la pérdida de empleo entre las trabajadoras domésticas rondaba el 50 por ciento, destacó un informe global publicado por la OIT para marcar los diez años desde la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) .
De los 10 países donde el informe registra una mayor pérdida de empleo en trabajo doméstico, siete son de la región, de acuerdo con el informe “Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente ”, presentado esta semana en Ginebra.
“Durante esta década ha habido avances innegables en los países de la región, pero hay desafíos pendientes, comenzando por una enorme tasa de informalidad de 71,3 por ciento en el trabajo doméstico que refleja problemas en la aplicación de las leyes”, destacó Vinícius Pinheiro, Director de OIT para América Latina y el Caribe, al comentar los datos del informe.
“La crisis por la pandemia ha dejado un panorama desolador para las trabajadoras y trabajadores domésticos de la región, que han sido mucho más afectados por la pérdida de empleo e ingresos, en especial quienes estaban en condiciones de informalidad”, agregó Pinheiro.
A muchas de las que si lograron mantener el empleo les redujeron las horas de trabajo y, en consecuencia, los salarios, afirma el informe de OIT.
El informe global destaca el liderazgo de América Latina y el Caribe en la ratificación del Convenio núm. 189. De las 32 ratificaciones nivel mundial, 17 fueron presentadas por países de América Latina y el Caribe. En la región también se han aprobado en los últimos años leyes para la cobertura legal de trabajadoras y trabajadores en el hogar.
“La región deberá tomar medidas extraordinarias para superar los efectos devastadores de esta crisis en el empleo, este es el momento de aplicar más y mejor las leyes sobre el trabajo doméstico poniendo especial énfasis en superar la informalidad y extender la protección social, pues es el único camino para avanzar hacia el trabajo decente”, agregó Pinheiro.
El informe destaca la necesidad de que los países pongan en marcha medidas para cumplir las disposiciones legales existentes y abordar temas que son relevantes para este sector, como la jornada laboral, el tiempo de descanso, el respeto de los niveles salariales y de beneficios como las vacaciones, así como el cumplimiento de las reglas en el caso de quienes trabajan puertas adentro.
En el caso de la protección social, que ha sido clave para enfrentar algunas consecuencias de la crisis actual se destaca que en 2020, solo el 9,8 por ciento de las trabajadoras domésticas de la región estaban cubiertas legalmente por todas las ramas de la seguridad social.
Según el estudio, solamente las leyes de ocho países de la región les reconocen el derecho a indemnizaciones por desempleo, trece a prestaciones por accidentes de trabajo y quince a prestaciones por enfermedades profesionales. En lo que concierne a las trabajadoras domésticas migrantes, que forman uno de los grupos más vulnerables, 16 países les dan cobertura legal.
“Es lamentable que muchas trabajadoras hayan tenido que enfrentar la pandemia sin condiciones de trabajo y protocolos de salud y seguridad adecuados para minimizar la exposición a riesgos de contagio en los hogares. Al enfermarse sin cobertura de protección social, a muchas fue denegado el derecho de acceder a las prestaciones de seguridad social y a los cuidados justamente cuando estos eran más necesarios,” destacó Vinicius Pinheiro.
El informe apunta la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de las leyes de seguridad social y para incluir a las trabajadoras domésticas con derechos como mínimo iguales a los que disfrutan los trabajadores en general, y de adoptar medidas para que se cumplan. Sobre la inspección, señala que deben adaptarse sus mecanismos, estableciendo incluso las condiciones para acceder a los hogares.
El informe también hace referencia a la necesidad de formalización y menciona diversos caminos que han tomado países de todo el mundo para promover la formalización de las trabajadoras domésticas, como reducir los costos financieros y de transacción del empleo formal, y simplificar los trámites para registrarse en la seguridad social y cotizar.
En el informe se plantean asimismo recomendaciones sobre la ampliación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en especial tras una pandemia que ha puesto este tema en la primera línea de las prioridades, así como los relacionados con la violencia y el acoso laborales.
De igual forma, recomienda facilitar la existencia de organizaciones de trabajadoras domésticas y de organizaciones de empleadores de trabajadoras domésticas eliminando los obstáculos a la libertad sindical y de asociación.
El Convenio núm. 189 define el trabajo doméstico como el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos, en el marco de una relación de trabajo y como ocupación profesional.