Por EFE
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, el oficialista Gustavo Porras, propuso este martes una iniciativa de Ley para cambiar a régimen jurídico mercantil a algunos organismos no gubernamentales (ONG).
La Junta Directiva del Parlamento colocó ese proyecto, denominado «Ley Especial para el Cambio de Régimen Jurídico de Organismos Sin Fines de Lucro», en el orden del día para ser presentado este miércoles ante el plenario, donde los sandinistas y sus aliados ocupan 75 de los 91 escaños.
Esa iniciativa tiene como objeto establecer el procedimiento para el cambio de régimen jurídico sin fines de lucro a mercantil de las entidades cuya actividad es prestar servicios financieros o bien de microfinanzas, y fueron constituidas bajo la figura de asociación o fundación sin fines de lucro, explicó el legislador Porras, en el documento.
Las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las ONG que correspondan y podrán continuar su actividad económica cumpliendo con el principio constitucional de libertad empresarial, indicó.
La autoridad de las asociaciones a las que se les cambie el régimen jurídico será la Comisión Nacional de Microfinanzas y la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, según el proyecto.
CAMBIARÁN A RÉGIMEN MERCANTIL A 29 ONG
La iniciativa sugiere una lista de 29 ONG a las que se les debe cambiar al régimen jurídico mercantil, entre ellas la Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic), Asociación Martin Luther King, Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua (Asodenic), y Centro de Promoción de Desarrollo Local y Superación de la Pobreza (Ceprodel).
También la Asociación Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Finde), Fundación para el Desarrollo de la Mujer (Fundemujer), Fundación para el Desarrollo Socio-Económico Rural (Fundeser), Fundación para el Desarrollo de la Costa Atlántica Pana Pana, Fundación para el Apoyo a la Microempresa (Fama), Fundación León 2000, Pro Mujer, entre otras.
A esas entidades, según la iniciativa, se les cancelará la personalidad jurídica como ONG, y una vez pasen a ser sociedades mercantiles deben registrarse ante las instituciones correspondientes dentro de un plazo de 90 días.
Esa iniciativa de Ley propuesta por el titular del Legislativo y dirigente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se da en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular que el presidente Daniel Ortega califica como un intento de golpe de Estado, y en medio de la ilegalización de 2.735 ONG.
¿FINANCIARON PROTESTAS CONTRA ORTEGA?
Los diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.