MECO y H.Solís son los principales contratistas del Estado en obra pública en los últimos años.
Por EFE
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ordenó este jueves la intervención del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), acusado de corrupción en la adjudicación de contratos de obra pública vial que fue desvelado esta semana por las autoridades judiciales.
«El Consejo Nacional de Vialidad debe ser intervenido. He solicitado al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, que concrete el mecanismo legal apropiado para hacerlo lo más pronto posible. La ciudadanía espera y merece que se llegue al fondo de este asunto», anunció el mandatario en sus redes sociales.
El Conavi, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es la entidad encargada de adjudicar contratos de construcción y mantenimiento de obra pública vial en el país.
El pasado lunes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
Estas 30 personas siguen detenidas a la espera de si les dictan medidas cautelares en unas audiencias que se han extendido por los últimos tres días, ya que se trata de un caso complejo por la cantidad de delitos, pruebas y sospechosos.
Entre los detenidos figuran funcionarios del Conavi y poderosos empresarios de la infraestructura como Carlos Cerdas Araya, de la empresa constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, de la empresa constructora H. Solís.
MECO y H.Solís son los principales contratistas del Estado en obra pública en los últimos años.
Las empresas incluidas por las autoridades en el caso son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales.
También figura como investigado el asesor presidencial en infraestructura Camilo Saldarriaga, quien no fue detenido pero cuya casa y oficina en la Casa Presidencial fueron allanadas el pasado lunes.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción describe el caso como «un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública».
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El OIJ afirma que el caso involucra cerca de 120 millones de dólares.
Según el OIJ, funcionarios públicos del Conavi recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo, y que respondían a una articulación planificada que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales.
El pasado lunes, el presidente Alvarado dijo sentir «una enorme indignación, molestia y rabia» por estos hechos de corrupción y agregó que «donde hay un corrupto hay un corruptor y ambos deben ser sancionados».
El mandatario expresó que desea que «se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan».
Tanto Alvarado como su ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, han dicho que los proyectos de infraestructura en curso no se detendrán y que brindarán toda la cooperación que requieran las autoridades judiciales.