El mandatario está convocado para rendir cuentas sobre la creación de la efímera Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Por EFE
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó este viernes que asistirá el 10 de febrero a la comparecencia a la que fue convocado por una comisión legislativa, pero advirtió que efectuar esa audiencia en el recinto del Plenario es un «grave precedente» contra la Constitución.
«Pensando exclusivamente en la ciudadanía costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero. Lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo», afirmó Alvarado en un texto que publicó en redes sociales.
El mandatario está convocado para rendir cuentas sobre la creación de la efímera Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un caso que investiga la Fiscalía por el presunto delito de violación de datos personales y por el cual, hace un año, allanó la Casa Presidencial y decomisó computadoras y teléfonos celulares del presidente y otros funcionarios.
La polémica surge porque la audiencia no se llevará a cabo en el salón que utiliza habitualmente la comisión investigadora, sino en el recinto del Plenario, y además porque se suspenderán todas las demás actividades del Congreso con el fin de que asista a la comparecencia el diputado que lo desee.
La Constitución Política no establece ningún mecanismo de interpelación del Plenario al presidente, por lo que la Casa Presidencial afirma que realizar la audiencia allí puede ser inconstitucional.
Las comisiones del Congreso sí pueden convocar al presidente a una audiencia.
Los diputados de oposición aseguran que el Plenario no es el que interrogará al mandatario, sino los miembros de la comisión investigadora, y que se trata solo del uso del recinto debido a que cuenta con más espacio.
«Tengo el mayor deseo de explicar a las y los costarricenses, a quienes me debo, todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia. Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada», expresó este viernes el mandatario.
Alvarado aclaró que su asistencia a la convocatoria «no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave precedente».
Esta decisión contrasta con lo que el presidente dijo el jueves, cuando expresó que «el Plenario es sagrado» y que acudiría a rendir cuentas incluso al Estadio Nacional si se trata de un asunto de espacio.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero de 2020 cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas que se centraban en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: «Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas».
El presidente Alvarado siempre ha dicho que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en la Casa Presidencial y reconoció «torpeza política» y errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Diputados de oposición han llegado a decir que con esa unidad el Gobierno pretendía espiar a los ciudadanos.