Los países de la región deben reforzar los marcos regulatorios de las asociaciones público-privadas y preparar «buenos proyectos», según expertos.
Por EFE
Hasta un 15 % del producto interno bruto (PIB) de América Latina está en riesgo si no se incentivan las inversiones estratégicas en infraestructuras de transporte, energía, educación y sanidad, alertó el vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ecuatoriano Richard Martínez.
Durante la primera jornada de la asamblea PPP Américas, que tratará durante dos días nuevos modelos de asociación público-privada (APP) para el desarrollo, el dirigente del BID dijo que la región necesita «infraestructura económica y social como motor del crecimiento».
Habló en concreto de la necesidad de mejorar las inversiones en educación, sanidad, transporte, plantas de tratamiento de aguas o redes de iluminación pública.
«No solo son claves para mejorar la calidad de vida; es que, además, los costos de no invertir» en estas áreas «son enormes», dijo.
Martínez aseguró que el sector público necesita al sector privado para conseguir estos objetivos, un argumento que está siendo común en la celebración de este encuentro auspiciado por el BID en Sao Paulo (Brasil), aunque gran parte de los ponentes, como fue el caso del vicepresidente del banco de desarrollo, participaron en remoto.
Organizado por el BID cada dos años, el encuentro tiene como objetivo revisar los factores que condicionan la financiación de las APP en la región e identificar soluciones, además de discutir aspectos financieros, técnicos, jurídicos y medioambientales de las infraestructuras.
En opinión de Martínez, es especialmente importante reforzar la APP «tras el esfuerzo tremendo» que se ha hecho para confrontar la pandemia.
Recordó así que los paquetes fiscales puestos en marcha por las economías de la región para salir de la crisis han sido equivalentes a un 8,5 % del PIB y han elevado los déficit fiscales en un promedio del 5,3 % del PIB.
En su opinión, los países de la región deben reforzar los marcos regulatorios de las asociaciones público-privadas y preparar «buenos proyectos» que sean «socioeconómicamente viables» y sostenibles, remarcó el experto.