El marco regulatorio de Panamá «no es el adecuado para regular de manera efectiva la probidad y la transparencia», señaló el informe.
Por EFE
Panamá ha avanzado en la creación de normas que castigan la corrupción pero continúa en «deuda en algunas dimensiones clave», sobre todo en la «opacidad de las actuaciones públicas», resaltó un informe publicado este martes por el capítulo panameño de Transparencia Internacional.
«Panamá ha avanzado normativamente, pero falta mucha implementación en la práctica que no se hace por falta de voluntad política o recursos», dijo durante la presentación del documento Ana Carolina Rodríguez, del equipo de Transparencia Internacional (TI) de Panamá.
El informe «Reporte Sombra de la Implementación del ODS16 en Panamá», presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de TI, analizó la implementación de cinco submetas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 en Panamá en el primer semestre de 2021.
La investigación determinó que no existe un «marco regulatorio robusto» en recuperación de activos, corrupción en el sector privado, transparencia fiscal e integridad en la administración pública, y que hay «desafíos importantes» en acceso a la información pública, pues aún existe «un marco sancionatorio ineficaz».
Respecto a la transparencia fiscal, que obtiene la peor calificación del informe, se destacó que el proceso de elaboración del presupuesto público está «centralizado» en el Ministerio de Economía y Finanzas, y «no cuenta con algún grado de transparencia o participación de la ciudadanía».
El marco regulatorio de Panamá «no es el adecuado para regular de manera efectiva la probidad y la transparencia», señaló el informe.
«Hay muchas instituciones que necesitan más recursos financieros, presupuestos, pero también humanos», dijo el embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hoornaert.
Y aunque el país centroamericano ha mejorado sus leyes anticorrupción en aspectos concretos como el blanqueo de capitales y el financiamiento de la política, todavía debe enfrentarse a retos como la «implementación de las normas».
Esto requiere de «instituciones eficientes e íntegras, la voluntad política del Gobierno en ejercicio y la rendición de cuentas como elemento indispensable», destacaron desde Transparencia Internacional.
Por ejemplo, el documento destacó que existen algunas regulaciones que limitan el gasto y restringe el uso de financiamiento privado a partidos políticos y candidaturas en las elecciones, entre ellas la reforma de 2019 «que, si bien tipifica la defraudación fiscal como determinante del delito de blanqueo de capitales, se encuentra limitada procedimental y cuantitativamente».
También resaltó que la reforma de 2020, la cual establece un registro único de beneficiarios finales y la obligación de personas jurídicas reguladas de registrar información de sus beneficiarios finales ante la Superintendencia, aún está «sin implementar en la práctica, y cuya reforma ha sido anunciada por el Gobierno».