El Ejecutivo y el Legislativo de Nicaragua han argumentado que las organizaciones ilegalizadas no presentaban sus informes financieros, y además, no contaban con junta directiva, según la ley.
Por EFE
Dos organizaciones nicaragüenses denunciaron este lunes el «desmantelamiento» de la libertad de asociación en Nicaragua por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la mayoría en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
El informe denominado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, indica que al menos 115 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido canceladas o «allanadas de facto» desde que el sandinista Ortega retornó al poder, en el 2007, de ellas 87 en los últimos tres años.
«El récord de desmantelamiento de la libertad de asociación por parte del régimen Ortega-Murillo incluye agresiones a 115 organizaciones de diferentes tipos, durante el período 2007-2022», señaló la Fundación del Río y Popol Na.
El informe detalla que en los cuatro períodos consecutivos que lleva Ortega en la Presidencia han cerrado sus puertas de manera obligada a 58 ONG locales.
También otras 16 asociaciones médicas, 12 ONG internacionales, 7 universidades internacionales, 6 universidades privadas, 5 partidos políticos, 5 gremios empresariales, 3 medios de comunicación independientes, 2 organizaciones culturales y una federación de cooperativas.
De ese total, 99 fueron cerradas desde el estallido social contra Ortega en 2018, incluyendo organizaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, centros de pensamiento, entre otras, de acuerdo con el informe.
El Ejecutivo y el Legislativo de Nicaragua han argumentado que las organizaciones ilegalizadas no presentaban sus informes financieros, y además, no contaban con junta directiva, según la ley.
En el informe, los dos organismos señalaron las supuestas «prácticas usadas por el régimen para demoler la libertad de derecho de asociación en Nicaragua».
Entre estas mencionaron «confiscaciones de facto, cierre absoluto de la vía administrativa, falta de acceso a la justicia e instrumentalización del Poder Judicial y violencia policial».
También «detenciones arbitrarias, criminalización de directivos e integrantes de las organizaciones y torturas en las cárceles, desplazamiento forzado y exilio, desempleo y pobreza como estrategia represiva».
En el caso del «desempleo y la pobreza como estrategia represiva», el documento explicó que el Gobierno, «al impedir la realización de los proyectos de desarrollo, somete a las comunidades que antes eran beneficiarias a permanecer en condiciones de pobreza y sometimiento político con el Estado».
La Fundación del Río, dedicada a la protección del medio ambiente, y Popol Na, enfocada en construir ciudadanía y conciencia social, son dos de las ONG que fueron canceladas, y cuyos bienes fueron confiscados desde 2019.