La salida de Nicaragua de la OEA tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023, según la carta que rige a este organismo creado en 1948 y que tiene su sede en Washington.
Por EFE
La Asociación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua instó este martes a la Secretaría General de la OEA y a los países miembros tomar «medidas» contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega por haber cerrado y ocupado a la fuerza las oficinas de ese organismo en Managua.
«Le solicitamos a la Secretaría General de la OEA, a los países amigos miembros de esta organización, que se tomen medidas sobre los hechos ocurridos», abogó esa Asociación, en una declaración.
El domingo pasado, la Policía de Nicaragua ocupó la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua tras la expulsión de ese organismo del país anunciada en la víspera por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
Los familiares de los denominados «presos políticos» instaron a la Secretaria General de la OEA a convocar a una sesión del Consejo Permanente para abordar la expulsión del organismo de Managua, que calificaron de «arbitrario, ilegal e ilegítimo».
«Despóticamente se han tomado con violencia y abuso de la fuerza la sede de la OEA con el uso de la Policía Nacional, que actualmente son parte de los órganos de represión de la dictadura», denunció ese grupo opositor.
A juicio de esa Asociación, el Ejecutivo de Ortega expulsó a la OEA del país porque «se sabe aislado por las democracias del mundo, que lo han condenado y acusado de que toda su estructura es violatoria de los derechos humanos y han cometido delito de lesa humanidad».
«OTRO ACTO VIRULENTO DE LA DICTADURA»
Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que «la dictadura de Nicaragua, encabezada por el binomio Ortega-Murillo, sabiéndose repudiada por la comunidad internacional, ha decidido abandonar la OEA, al retirar la acreditación de sus delegados ante el organismo regional y expulsar la misión de la misma en Managua».
«El acto de retirar a sus representantes de la OEA y mandar el cierre de las oficinas en Managua, es otro acto virulento de la dictadura que en su ruta suicida ha optado por el aislamiento internacional», indicó la Unidad Nacional, en una declaración.
«La dictadura sabe que en el seno de la OEA el repudio es mayoritario. El régimen da este paso en una huida hacia adelante, luego que ya había anunciado su retiro el 19 de noviembre de 2021», consideró.
Para la Unidad Nacional, «Ortega decide huir después del golpe que representó la denuncia» de su anterior embajador ante la OEA, Arturo Mcfields, el pasado 23 de marzo, «cuando exhibió la naturaleza dictatorial del régimen y la situación de las personas presas políticas y exigiera su libertad».
NICARAGUA SOLICITÓ SU SALIDA TRAS ELECCIONES
El 19 de noviembre pasado, Nicaragua denunció la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, en la que solicitó su salida de ese organismo tras rechazar la legitimidad de las elecciones en el país centroamericano.
La medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada del 10 al 12 de noviembre pasados una resolución de condena al país centroamericano por las elecciones del 7 de noviembre, en las que se impuso Ortega para un quinto mandato, que consideraron «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
Esos comicios se destacaron por la ausencia de siete potenciales candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de «traición a la patria» o lavado de dinero, entre ellos la independiente Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas.
También por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de abstención, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.
Ortega, de 76 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.