La marcha de Nicaragua de la OEA tardará en hacerse efectiva dos años, hasta noviembre de 2023.
Por EFE
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió este viernes a las autoridades nicaragüenses la devolución de las oficinas confiscadas a finales de abril por orden del Gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, que fue aprobada con 29 votos a favor, 3 abstenciones y dos ausencias, exige a Nicaragua asumir la responsabilidad de «todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales».
El texto tuvo que ser finalmente sometido a votación, pese a la voluntad de las delegaciones de Canadá y Antigua y Barbuda, dos de sus impulsoras, de que fuera aprobado por aclamación.
El representante de El Salvador, Agustín Vásquez, declaró no estar dispuesto a que la resolución fuera aprobada por consenso y solicitó que se sometiera a voto.
Finalmente, ninguna de las delegaciones votó en contra y solo las de El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron. Además, estuvieron ausentes durante la votación los representantes de Bolivia y Nicaragua.
El texto fue propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Granada y Uruguay.
En él, los países de la OEA «condenan enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos y la incautación de sus bienes en Managua».
También piden hacer un seguimiento de la situación y «considerar otras acciones que puedan ser necesarias».
La ocupación de las oficinas de la OEA en Managua ya había sido criticada por todos los miembros del organismo y algunos representantes -como el de Estados Unidos o el de Canadá- pidieron una mayor contundencia por parte de la organización.
El mismo secretario general, Luis Almagro, calificó de «afrenta a toda Latinoamérica» la toma de las oficinas, que según las autoridades locales irán destinadas a albergar un «museo de la infamia», según anunció el Gobierno de Ortega.
Nicaragua formalizó a finales de abril la expropiación del edificio que la OEA ocupaba en Managua, un día después de que declarara de utilidad pública esa propiedad, tras anunciar la expulsión del organismo de esa país.
Nicaragua había informado días antes de su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en la capital, ratificó su «invariable decisión» de abandonar la organización.