Después de EE.UU., Costa Rica, México y España son, en ese orden, los principales destinos de los nicaragüenses que buscan algún tipo de protección internacional.
Por EFE
La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según un informe divulgado este martes por una ONG nicaragüense.
El informe «Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas», elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que al menos 605.043 nicaragüenses han abandonado su país en los últimos 62 meses, un 9 % de la población total, debido a la represión estatal contra opositores, religiosos y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega.
«A la fecha de cierre de esta actualización, más de 605.043 nicaragüenses tuvieron que abandonar sus hogares debido a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 y como resultado de la violencia política», en su mayoría menores de 35 años, señaló esa ONG, integrada por activistas nicaragüenses exiliados.
EE.UU. EL PRINCIPAL DESTINO DE EXILIADOS NICARAGÜENSES
La población nicaragüense continúa «desplazándose forzadamente en búsqueda de seguridad» y han elegido a Estados Unidos como su principal destino, de acuerdo con el documento.
En Estados Unidos, desde abril de 2018, al menos 344.000 nicaragüenses han sido interceptados en la frontera sur de ese país, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (CBP, por sus siglas en inglés).
«Solamente en Estados Unidos se registra, desde 2018, un aumento exponencial como resultado de la represión imparable del Gobierno nicaragüense», indicó el Colectivo.
En 2018, 3.337 nicaragüenses abandonaron Nicaragua con destino a EE.UU.; 13.373, en 2019; 3.169, en 2020; 50.722, en 2021; 164.600, en 2020, y 108.968 a mayo de 2023, precisó.
«A esto (último) se le debe sumar los 19.000 nicaragüenses a quienes se les ha aprobado el parole humanitario, llegando a una cifra total de 127.968 connacionales en 2023», detalló.
En Estados Unidos, según la ONG, los nicaragüenses que han buscado asilo político se enfrentan a varios retos y desafíos en el proceso, debido a que las políticas migratorias «se han vuelto más restrictivas en los últimos años».
«A lo largo de la historia de Estados Unidos, las solicitudes de asilo suelen ser complejas, y la negación de las solicitudes es común. Aquellos que no logran obtener asilo pueden enfrentar la posibilidad de deportación y la incertidumbre de regresar a un país donde su seguridad puede estar en riesgo», alertó el organismo.
COSTA RICA, MÉXICO Y ESPAÑA
Después de EE.UU., Costa Rica, México y España son, en ese orden, los principales destinos de los nicaragüenses que buscan algún tipo de protección internacional.
Costa Rica, que era el principal destino de los exiliados hasta 2021, ha acogido a 209.344 nicaragüenses desde que estalló la crisis en abril de 2018.
México, con 17.047, y España, con 15.470, son el tercer y cuarto destino de los nicaragüenses que huyen del Gobierno sandinista, que se encuentra en el poder desde enero de 2007.
«Si la curva de crecimiento migratorio permanece así, para diciembre 2023, es probable que salgan 341.359 (nicaragüenses). Esto significaría que entre 2018 y 2023 se hayan exiliado al menos 804.000 nicaragüenses», un 11,7 % de la población total, proyectó ese Colectivo.
Esa ONG advirtió que la ola migratoria de nicaragüenses, por motivos políticos, continúa este año.
«En Nicaragua, la represión estatal en contra de la población nicaragüense continuó en 2023, ahora mediante mecanismos más brutales», denunció ese organismo, que especificó que entre enero y mayo de este año al menos 108.986 nicaragüenses se han desplazado forzosamente por la persecución político.
«Esto coincide con el incremento de la persecución política de la dictadura orteguista entablada en contra del periodismo independiente, la iglesia Católica, la sociedad civil, activistas, opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos», anotó el organismo en el informe.