Acciones se dan según los acuerdos presidenciales, publicados este viernes en el Diario Oficial.
Por EFE
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló este viernes el reconocimiento de los cónsules honorarios de la República de Malta, Reino de Noruega, Seychelles, y Rumanía, y el del vicecónsul honorario de Dinamarca, la mayoría de esos cargos ocupados por empresarios nicaragüenses.
Según los acuerdos presidenciales, publicados este viernes en el Diario Oficial, La Gaceta, el mandatario sandinista acordó dejar sin efecto el reconocimiento a las Letras Patentes de Walter Bühler Molina en el cargo de cónsul honorario de la República de Malta con residencia en Managua y con jurisdicción en el territorio de Nicaragua.
Bühler Molina, que era cónsul honorario de la República de Malta en Nicaragua desde el 18 de febrero de 2011, es un empresario del sector turístico que mantuvo una disputa con el Estado nicaragüense por el complejo turístico Punta Teonoste, en el balneario de Tola, en el Pacífico sur.
Ortega también dejó sin efecto el reconocimiento del empresario Diego César Vargas Montealegre en el cargo de cónsul general honorario de Noruega ante el Gobierno de Nicaragua.
Vargas Montealegre, que fue presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), fue reconocido como cónsul general honorario de Noruega ante Nicaragua desde el 11 de junio de 2018.
Asimismo, Ortega dejó sin efecto el reconocimiento del empresario de bienes raíces Damien van der Schueren Deveze en el cargo de cónsul honorario de Seychelles ante Nicaragua, contenido en un acuerdo presidencial del 10 de noviembre de 2017.
Tomó la misma medida con el empresario Mario Salvo Horvilleur en el cargo de cónsul general honorario de Rumanía ante el Gobierno de Nicaragua, con sede en Managua y con jurisdicción en todo el territorio nicaragüense, cargo que ocupó desde mayo de 2016.
También dejó sin efecto el reconocimiento de Lars Saquero Moller en el cargo de vicecónsul honorario de Dinamarca ante el Gobierno de Nicaragua, con sede en Managua y con jurisdicción en el territorio nicaragüense, desde mayo de 2016.