La Fundación 15 de Septiembre, con sede en Florida, señaló hoy que la falta de un pronunciamiento o política pública para restablecer el orden expone al país a «sanciones de todo tipo», las cuales afectarían también a la diáspora hondureña, que con más de US$9.000 millones anuales en remesas es responsable del 27 % del PIB de la nación centroamericana.
Por EFE.
La Fundación 15 de Septiembre, integrada por migrantes hondureños en EE.UU., señaló este jueves que «la democracia está en peligro» en su país tras la inestabilidad que se ha producido en el Congreso Nacional con la elección de un nuevo fiscal general.
La organización señaló en un comunicado que «la falta de voz de la presidente (de Honduras) Xiomara Castro pone en peligro al país y su diáspora», y que la elección de un fiscal general y de un fiscal adjunto a manos de la Comisión Permanente del Congreso no es otra cosa que «la imposición de un comunismo disfrazado de socialismo».
Simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Bloque de Oposición Ciudadana de Honduras (BOC) se enfrentaron la tarde del miércoles después de que la Comisión Permanente del Parlamento hondureño designara a Johel Zelaya como el fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina.
«No es posible que nueve diputados suplanten la voluntad soberana de 128 (parlamentarios), desconocemos por completo esa Comisión (Permanente del Parlamento) que quiere violentar y usurpar los derechos de cada diputado», dijo en una rueda de prensa el diputado Jhosy Toscano, del Partido Salvador de Honduras, uno de los integrantes del bloque opositor.
La Fundación 15 de Septiembre, con sede en Florida, señaló hoy que la falta de un pronunciamiento o política pública para restablecer el orden expone al país a «sanciones de todo tipo», las cuales afectarían también a la diáspora hondureña, que con más de US$9.000 millones anuales en remesas es responsable del 27 % del PIB de la nación centroamericana.
Los recientes hechos «acentúan la falta de gobernabilidad e institucionalidad que atraviesa Honduras, donde se refleja claramente la falta de independencia de poderes y una violación a los derechos civiles, democráticos y humanos de los ciudadanos hondureños», alertó la organización.
Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento, en el que el oficialismo solo cuenta con 52 votos de los 86 que se requieren como mayoría calificada.
Las sesiones ordinarias en el Congreso de Honduras se suspendieron desde el 31 de agosto; no obstante, el presidente del Parlamento, Luis Redondo, nombró una Comisión Permanente para que continúe con las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre hasta el 24 de enero de 2024, ello tras un incidente violento en el exterior del Legislativo que dejó varios lesionados.