Los países más ricos se han mostrado reacios a aceptar que tienen responsabilidad por las emisiones históricas, y hasta el momento no han brindado el nivel de apoyo que las naciones en desarrollo dicen que necesitan.
Por EFE.
La Cumbre del Clima COP27 exigió este miércoles al sector privado que ayude a los países más vulnerables y los que más están sufriendo los efectos del cambio climático, con el foco puesto en la cuestión de las pérdidas y daños, que ya se ha empezado a discutir en la conferencia de Sharm el Sheij.
El representante especial para la Presidencia de la COP27, Wael Aboulmagd, afirmó en una rueda de prensa en el día dedicado a las finanzas que las conversaciones sobre el punto de «pérdidas y daños ya han comenzado» y espera que haya un «resultado significativo» al término de la cumbre, aunque apuntó que no será hasta 2024 cuando esté activo.
Uno de los principales asuntos en esta COP ha sido el de la compensación a los países más pobres por el daño causado por el cambio climático, un punto que han llamado pérdidas y daños, y que por primera vez ha sido incluido en al agenda de una cumbre climática.
Los países más ricos se han mostrado reacios a aceptar que tienen responsabilidad por las emisiones históricas, y hasta el momento no han brindado el nivel de apoyo que las naciones en desarrollo dicen que necesitan.
El asesor principal de la dirección climática de la Comisión Europea, Jacob Werksman, defendió hoy el apoyo de la Unión Europea (UE) a financiar las pérdidas y daños porque reconocen que tienen «una responsabilidad histórica de emisiones de forma desproporcionada» y que el Viejo Continente se ha hecho «rico, en parte gracias a los beneficios de construir una economía dependiente de los combustibles fósiles».
US$2,4 billones para 2030
La COP27 presentó este martes un informe en el que se pide al sector privado que invierta US$2,4 billones al año para 2030 que necesitan los países emergentes y en desarrollo para reducir las emisiones, aumentar la resiliencia y hacer frente a las pérdidas y daños causados por los efectos del cambio climático.
Según el informe, los países emergentes y en desarrollo deben trabajar con inversores e instituciones multilaterales para desbloquear un billón de dólares anuales en financiación externa para mitigación, adaptación y pérdidas y daños para 2030.
Adicionalmente, se necesitarán US$1,4 billones anuales para 2030 para transición energética, indicó en una rueda de prensa el experto del London School of Economics y uno de los autores de este documento, Nicholas Stern.
«Se estima que las necesidades anuales totales de inversión para los países de mercados emergentes y en desarrollo distintos de China serán de un billón de dólares en 2025 y de 2,4 billones de dólares para 2030», afirmó.
En el informe también se pide que las subvenciones y los préstamos a bajo interés de los gobiernos de los países desarrollados se dupliquen de US$30.000 a US$60.000 millones anuales para 2025.
Estas fuentes de financiación son «fundamentales» para que los países emergentes y en desarrollo apoyen las acciones para restaurar la tierra y la naturaleza, y para proteger y responder a las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
Este informe publicado por la London School of Economics y Brookings Institution ha sido preparado por un grupo de expertos independientes, liderados por Vera Songwe y Nicholas Stern, a petición de la Presidencia egipcia de la COP27 y la británica de la COP26.
Créditos CO2 para los países en desarrollo
En este contexto de ayuda del sector privado a los países más vulnerables, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, anunció hoy en la COP27 que su país colaborará con la Fundación Rockefeller y el Fondo Bezos para la Tierra con el fin de impulsar la creación de un mercado de créditos de CO2 que los países en desarrollo podrán vender para financiar su transición energética.
Esta colaboración se vehiculará a través del denominado Acelerador de la Transición Energética (ETA, por sus siglas en inglés), y cuyo objetivo será impulsar la inversión privada para el despliegue de energía renovable y la retirada de activos de combustibles fósiles en los países en desarrollo, que operará hasta 2030 y ampliable a 2035.
Para poner en marcha este acelerador, por el que ya se han interesado países como Chile y Nigeria y compañías como Bank of America, Microsoft o Pepsico, los tres socios trabajarán con gobiernos, expertos, sector privado y la sociedad civil.
Las compañías podrían usar los créditos para ir más allá en sus metas de mitigación, contribuir a la financiación del clima o a otros objetivos voluntarios, así como para contribuir a la consecución de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de un país anfitrión.