La construcción de infraestructura es también un catalizador de la actividad económica y el crecimiento.
Por Benigno López Benítez vicepresidente de sectores y conocimiento, y Ariel Yépez-G gerente del sector de infraestructura y energía, ambos en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es irrefutable el papel que la infraestructura tiene en el desarrollo y en la actividad económica de los países. Un mayor nivel de infraestructura impulsa la actividad económica, permite el intercambio de mercancías, incrementa la calidad de vida de la población y facilita su movilidad social. La infraestructura es necesaria para llevar servicios básicos a la población como acceso a agua potable, servicios sanitarios, electricidad y caminos rurales. La provisión de estos servicios mejora sus vidas, aumenta su bienestar y posibilita el acceso a más oportunidades educativas y laborales, y a mejores condiciones sanitarias y de salubridad. La provisión de infraestructura contribuye a mejorar la vida de la gente y eleva sus posibilidades de vivir más dignamente.
La construcción de infraestructura es también un catalizador de la actividad económica y el crecimiento, ya que invertir en este tipo de activos coadyuva a la creación de empleos y a incrementar la producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo que se generan empleos se tiene más actividad económica en las localidades donde se instala o construye la infraestructura. Lo cual se traduce en un impacto económico focalizado, y establece un círculo virtuoso de creación de empleos locales vinculados a la infraestructura instalada.
Todos los beneficios mencionados son particularmente importantes en la coyuntura para la recuperación económica post-COVID. América Latina y el Caribe (ALC) ha sido afectada notablemente por la pandemia. Su impacto se ha manifestado en la pérdida de vidas humanas y en la reducción de la actividad económica. Las economías se han desacelerado y el impacto inmediato ha sido la reducción de empleos que ha afectado mayormente a los grupos más vulnerables de la población, particularmente las mujeres.
Ante esta situación, es urgente hacer intervenciones que faciliten la recuperación económica, generen empleos y ayuden a los grupos más vulnerables a recuperar y aumentar sus niveles de bienestar. Un instrumento de política que ya ha mostrado ser efectivo en el pasado es la inversión en infraestructura. Esta inversión tiene varios efectos positivos además de facilitar una recuperación económica sostenible e inclusiva como lo estipula la Visión 2025 del Grupo BID, además de crear empleos y acelerar el gasto en la economía. La inversión en infraestructura ayuda a cerrar la brecha que actualmente tiene la región y facilita el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inversión en infraestructura no sólo genera empleos, sino que reduce las desigualdades al promover un crecimiento económico más inclusivo.
De acuerdo con estimaciones recientes del BID, las necesidades de inversión de infraestructura para alcanzar los ODS en ALC—en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones—son del orden de más de dos
billones de dólares en esta década. Esto equivale a invertir cerca del 3,12% anualmente del PIB regional (aprox. US$170 mil millones/año). De esos requerimientos de nuevas inversiones, el 60% son en infraestructura nueva y el restante en
mantenimiento y reposición de activos que llegan al final de su vida útil y son indispensables para que los servicios de infraestructura se provean con estándares adecuados de calidad.
Cerrar la brecha de acceso y mantener la calidad de los servicios de agua y saneamiento, incluido el tratamiento de aguas residuales, requiere inversiones anuales, en promedio, de 0.5% del PIB regional. En el sector eléctrico, ALC debe invertir
anualmente un 0.8%de su PIB para brindar acceso universal a la electricidad a toda la población y avanzar en la descarbonización de la matriz de generación de electricidad de acuerdo con los programas de expansión de los países. Para el sector transporte, el cierre de brechas en infraestructura carretera, aeropuertos y transporte público supone para la región una inversión anual de 1.4% de su PIB.
Estos montos imponen un desafío por su cuantía, la forma de movilizarlo y asertividad para hacer inversiones eficientes. Sin embargo, el contexto de limitado espacio presupuestario en el que se encuentran muchos países de ALC, especialmente a raíz de los esfuerzos para enfrentarse a la pandemia, condiciona la capacidad del sector público para invertir en infraestructura. Para enfrentarse a estos desafíos, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la región, es necesario convocar y promover al sector privado a participar en su financiamiento, construcción y gestión. No obstante, hoy en día existen varias barreras que dificultan la movilización del capital privado, impidiendo con ello obtener todos los beneficios que involucra invertir en infraestructura. Para poner en perspectiva, entre los años 2008 y 2017, la inversión privada en infraestructura en América Latina y el Caribe promedió un 0.5% del PIB en comparación con la inversión pública que fue de 2.2%.
Una primera barrera está relacionada con el diseño de marcos legales, ya que en muchos casos estos se encuentran diseñados para apoyar a empresas públicas, haciendo difícil la participación del sector privado. A esta situación se suma en ocasiones una segunda barrera que tiene que ver con un bajo fortalecimiento institucional. El apetito por invertir puede verse limitado en países que tienen una baja solvencia crediticia o no cuentan históricamente con una buena relación con la iniciativa privada.
Para atraer la participación del sector privado en infraestructuras es necesario reducir el riesgo de la inversión mediante medidas como el fortalecimiento de las instituciones, la definición de un marco legal claro y favorable a la inversión, el aprovechamiento de la capacidad de innovación y flexibilidad del sector privado, o la gestión del impacto social de los distintos proyectos. 7 Se requiere de infraestructura para apoyar la agenda de desarrollo y de recuperación económica pero no es una precondición que el financiamiento sea público. El sector privado puede y debe tener un papel importante.
Una tercera barrera que ha prevenido atraer inversionistas es la falta de experiencia técnica y de gestión para identificar, priorizar y preparar proyectos de infraestructura. En parte, esto sucede porque los países no cuentan con el acceso a las herramientas para gestionar una planificación de calidad que conduzca a una mejor toma de decisiones. Se necesita tomar acciones para ampliar la cartera de proyectos, y mejorar la calidad de la preparación y bancabilidad de los proyectos de infraestructura sobre todo en países de bajo ingreso.
Una última barrera que vale la pena señalar es el limitado desarrollo de mercados de capital nacionales, y la falta de plataformas que permitan el financiamiento en moneda local a largo plazo. A esto se suma también la ausencia de mecanismos de financiación innovadores que permitan la canalización del capital privado local a proyectos de infraestructura o la atracción de una gama más amplia de inversionistas.
En el sector eléctrico, las subastas asociadas a contratos a largo plazo son un ejemplo de mecanismos eficaces para la atracción de capital privado no sólo para líneas de transmisión sino también para nueva generación eléctrica, en especial en renovables.
En el sector de agua y saneamiento, los esquemas de asociaciones público-privadas (APPs) pueden favorecer un incremento en infraestructura para recolectar aguas residuales como el que se ha observado en Chile. 8 Las APPs toman especial importancia en este momento en el que los países tiene niveles de endeudamiento altos lo que hace necesario diversificar las fuentes de financiamiento de los proyectos.
Los mecanismos innovadores de financiamiento son otro vehículo para la participación privada en el sector, y que además está en línea con la transición ecológica. Entre ellos destacan el financiamiento mixto, en el que se usa capital concesional de fuentes públicas u organismos internacionales de forma estratégica para movilizar e incrementar inversiones desde el sector privado hacia proyectos de desarrollo sostenible.
En conclusión, invertir en infraestructura es una pieza clave para una recuperación económica sostenible e incluyente, pues ha demostrado ser un factor para impulsar el crecimiento económico y la creación del empleo. Además, invertir en infraestructura tiene la virtud de facilitar el cumplimiento de los ODS, y los compromisos establecidos por los países en el Acuerdo de París. En un contexto donde el cambio climático es una amenaza inminente, es necesario enfocar las acciones de inversión en infraestructura verde, sostenible y resiliente, y de esta forma descarbonizar las economías.