Organizaciones nacionales e internacionales señalan que durante el periodo del régimen se le ha violentado a la población sus derechos humanos.
Por EFE
La cifra de supuestos miembros de pandillas o personas ligadas a estas bandas detenidas durante el régimen de excepción —implementado desde el pasado 27 de marzo— se acerca a 34.000, mientras se prevé que el Congreso apruebe esta semana otra ampliación de dicha medida.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), del 27 de marzo al 22 de mayo han sido capturadas 33.812 personas, bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
No obstante, la Policía y la Fiscalía continúan sin detallar cuántos de los capturados son pandilleros y líderes de dichas estructuras y además cuántas personas son las que están ligadas a esas bandas.
El régimen de excepción, implementado tras una escalada de asesinatos a finales de marzo y con el que se busca frenar la violencia generada por las pandillas, suspende —entre otras cosas— el derecho a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
Es decir, las personas detenidas mantienen hasta 15 días detenidas, luego enfrentan una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son acompañadas de un abogado público asignado por la Procuraduría General de la República.
En las audiencias judiciales son presentados numerosos grupos de detenidos y generalmente se decreta prisión provisional para que la Fiscalía siga investigando y los capturados son enviados a diferentes cárceles del país centroamericano.
Bajo el régimen de excepción también se han suspendido a los ciudadanos otros derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.
El Ejecutivo de Nayib Bukele solicitó a finales de marzo al Congreso aprobar un régimen de excepción por 30 días tras una ola de asesinatos entre el 25 y 27 de marzo. La medida fue extendida el pasado 25 de abril y se prevé que el régimen continúe por 30 días más a solicitud del mandatario salvadoreño.
En medio de esta situación, una investigación periodística reveló que una supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la referida ola de asesinatos.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Bukele sigue sin aclarar dicha situación.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, tiene programado realizar su sesión plenaria el miércoles, pero se desconoce si durante la misma se podría aprobar una nueva extensión del estado de excepción o se convoca a una sesión extraordinaria antes del 28 de abril, día en que vence la primera ampliación.
Organizaciones nacionales e internacionales señalan que durante el periodo del régimen se le ha violentado a la población sus derechos humanos y han alertado de capturas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad.
Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.