El proyecto beneficiará a más de 60 familias de niños y adolescentes retornados con necesidades de protección.
Por EFE
El Gobierno de El Salvador con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ejecutará un proyecto para atender a niños y adolescentes retornados y a sus familias, informó este jueves la Presidencia.
Lo anterior, explicó la fuente en un comunicado, se llevará a cabo tras la firma de un acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el salvadoreño Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La iniciativa, denominada ‘Vinculación de niñas, niños y adolescentes retornados con necesidades de protección y sus familias a medios de vida en El Salvador’, se ejecutará entre 2023 y 2024 con fondos del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzado en Centroamérica y México (Fondo MIRPS).
Dicho fondo fue establecido dentro de la OEA y es administrado por su Departamento de Inclusión Social, señaló.
El proyecto beneficiará a más de 60 familias de niños y adolescentes retornados con necesidades de protección a través de provisión de asistencia humanitaria, dotación de capital semilla para emprendimientos y becas para estudios, indicó la fuente.
Señaló que la asistencia brindada ofrecerá a las familias acceso a oportunidades que faciliten soluciones duraderas y contribuya a prevenir el desplazamiento forzado de niños y adolescentes en el país a través de una integración sostenible y segura en las comunidades de origen y el goce de sus derechos.
El Fondo MIRPS es el fondo específico de contribuciones voluntarias del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzado en Centroamérica y México, aprobado por unanimidad por el Consejo Permanente de la OEA el 27 de mayo de 2020, sostuvo la Presidencia.
Agregó que el MIRPS es un mecanismo innovador para la aplicación del Pacto Mundial sobre los Refugiados para facilitar la cooperación regional entre los países de origen, tránsito y destino para una mayor responsabilidad compartida en materia de prevención, protección y soluciones duraderas, ante el aumento del desplazamiento forzado en Centroamérica y México.