La segunda fase de esta reapertura económica se espera que comience el 7 de julio, cuando se reactivaría la circulación del transporte colectivo.
Por EFE
Tras 85 días de cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19, El Salvador comenzó este martes la primera fase de la reactivación económica con el sector de ventas informales a la cabeza, pese a que no está incluido en el plan gubernamental.
El Gobierno de Nayib Bukele denominó a esta primera fase «reinicio de actividades económicas y sociales» y el paso a la siguiente etapa, según funcionarios del Ejecutivo, depende del comportamiento de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2.
La primera fase estipula la reactivación de sectores como la construcción, manufactura textil y electrónica, industria aeronáutica, puertos marítimos, servicios médicos, entre otros.
De acuerdo con información oficial, el sector informal o trabajadores por «cuenta propia» no están incluidos formalmente ni tampoco se les menciona en el resto de fases.
Según pudo constatar Efe, en el Centro Histórico de San Salvador comenzaron a llegar estos comerciantes, pese a la falta de transporte público, para limpiar y retomar sus actividades.
Reyna Espinoza es propietaria de un pequeño local de venta informal, en el centro de la capital, al que regresó después de casi tres meses de confinamiento con el temor al virus y ataviada con un traje de protección, mascarilla y lentes.
«Tenemos que luchar, andar bien preparados para no infectarnos, porque tenemos hijos en la casa y nos esperan todos los días» y para «regresar sanos a nuestras casas y tenerlos protegidos a ellos», dijo Espinoza.
Añadió que los vendedores informales «tenemos que regresar como sea» a las actividades económicas porque «el dinero se va acabando» y «la ayuda no entró en todos los hogares».
«Los recursos se van acabando, nosotros le debemos a bancos, a prestamistas (usureros), le debemos a mucha gente: tenemos que regresar como sea», acotó.
Lamentó que antes de cerrar todas la actividades el mandatario no les dio tiempo para reunir dinero para «aguantar más de los tres meses» de confinamiento, dado que de la venta que tienen a diario abonan a sus deudas, compran más mercadería y se llevan a sus casas entre 10 y 15 dólares.
Daniel Opico, también vendedor del sector informal, dijo a Efe que la cuarentena fue «difícil», dado que no recibió un bono de 300 dólares entregado por el Gobierno a finales de marzo, ni el paquete alimenticio, también brindados por el Ejecutivo.
LA SEGUNDA FASE PREVISTA PARA JULIO
La segunda fase de esta reapertura económica se espera que comience el 7 de julio, cuando se reactivaría la circulación del transporte colectivo.
Esta reapertura económica no estuvo exenta de polémica, dado que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que un decreto del Gobierno que dicta las fases es inconstitucional al no contar con respaldo legislativo.
«No acompañamos las medidas de fases. No podemos acompañar decretos ejecutivos que violan las resoluciones de la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema). No podemos acompañar decretos ejecutivos que limitan la libertad de movilidad y libertad económica de todos los salvadoreños», dijo el presidente de la ANEP, Javier Simán, según publicaciones de medios locales.
Dicha sala prohibió al Gobierno de Bukele emitir normativas administrativas que limiten garantías constitucionales sin el respaldo de una ley aprobada desde la Asamblea Legislativa.
Esto lo dicto en un fallo en el que anuló una serie de decretos gubernamentales y dos leyes del Congreso con las que se manejó gran parte de la cuarentena.
Para el ministro de Trabajo, Rolando Castro, la ANEP «no goza del sustento legal» y «mucho menos del concepto humano de salvar vidas», por lo que «no compartimos en nada el planteamiento».
Los 84 días de cuarentena estuvieron marcados en El Salvador por los constantes enfrentamientos de Bukele con los diputados, magistrados constitucionales, empresarios, organismos internacionales, activistas de derechos humanos, fiscal y procurador de Derechos Humanos.
Esta reactivación económica se da en momentos en los que el país se encuentra en la fase de contagios masivos de la COVID-19 y cuando el sistema público de salud es superado por el número de casos.
Uno de los casos que más polémica ha generado es el contagio de unos 80 ancianos y la muerte tres en el único asilo estatal del país.
De acuerdo con el medio local Factum, que cita a empleados del lugar, «el Gobierno salvadoreño no impuso un encierro total en el asilo» y los encargados del cuidado «tampoco recibieron el equipo de protección para evitar contagios».
La coordinadora del Programa de Atención a la Persona Adulta Mayor del Ministerio de Salud, Nidia Cañas, dijo recientemente que «la situación del (asilo) Sara Zaldívar ha sido la evolución natural de un virus que es altamente agresivo y letal».
En El Salvador se registran 3.941 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.824 se mantienen activos, 2.041 pacientes se recuperaron y 76 fallecieron.