La Organización de Estados Americanos (OEA) ha discutido la situación de Nicaragua en varias ocasiones y ha considerado aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Por EFE
La pequeña economía de Nicaragua, que se ha contraído en los últimos tres años, se mantiene en vilo ante las elecciones generales del próximo domingo, que han sido cuestionadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por el cierre de espacios democráticos.
En los últimos tres años, el Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense ha mermado a un promedio de 3,03 % anual como consecuencia de la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018, así como por la pandemia de la covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, según el Banco Central.
Si bien los pronósticos de este año es que el PIB crezca un 6 %, existe incertidumbre sobre si la comunidad internacional reconocerá o no los comicios del domingo, en los que el presidente Daniel Ortega parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes presidenciales opositores que se perfilaban como sus principales rivales.
«Unas elecciones cuestionables profundizarían el aislamiento internacional del país y agravarían su situación económica», valoró la organización internacional Crisis Group, en un análisis.
EL DILEMA DE ORTEGA
Para el sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas, unos comicios cuestionados que dejen a Ortega aferrado al poder, como a su juicio está previsto, tendrá sus costos y probablemente profundizará el aislamiento internacional de Nicaragua.
«El régimen se encuentra en una situación sin perspectiva de superar definitivamente las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional)», sostuvo.
De hecho, varios países y organizaciones multilaterales han roto lazos con el Gobierno, suspendiendo la cooperación e imponiendo sanciones a personas e instituciones, incluida a la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la esposa de Ortega, y a la Policía Nacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha discutido la situación de Nicaragua en varias ocasiones y ha considerado aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, lo cual podría llevar a la expulsión del país del sistema interamericano.
LA AMENAZA DE ESTADOS UNIDOS
El Congreso de Estados Unidos, por su parte, aprobó a finales de 2018 un proyecto de ley conocido como Nica Act, que le ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.
El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley «Renacer», apoyado por demócratas y republicanos, que añadiría las infracciones electorales a los posibles motivos de sanciones estadounidenses.
El llamado proyecto de ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Asimismo, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la UE, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta).
Esas medidas han dificultado que Nicaragua, uno de los más pobres de América Latina, salga de la depresión económica que atraviesa desde las protestas de 2018, que perjudicaron las inversiones nacionales y extranjeras y provocaron el colapso del turismo.
Los fondos de cooperación internacional, es decir, préstamos y subvenciones al sector público, han disminuido notablemente desde el 2018.
SANDINISTAS BUSCAN ALIANZA CON EMPRESARIOS
Ortega, que ya administró una economía de guerra durante el primer régimen sandinista (1979-1990), apuesta a retomar la alianza de consenso que mantuvo con los empresarios y los sindicatos antes de la crisis, y que le permitió a Nicaragua un crecimiento de un 5,1 % anual en el período comprendido entre 2010 y 2017.
Antes de la crisis, Nicaragua era el país de la región, después de Panamá, con mayor crecimiento.
Sin embargo, según la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) el deterioro económico de Nicaragua no se puede revertir con medidas económicas o alianzas, porque su origen radica en la crisis que estalló hace tres años.
Por tanto, según el Funides, una recuperación económica pasa por acuerdos políticos deben incluir, al menos, garantías del respeto a los derechos constitucionales, la libertad de los presos políticos, el esclarecimiento de la verdad detrás de los hechos de violencia, así como elecciones libres, observadas, y transparentes.