Desde el 30 de junio del 2016 el país centroamericano es miembro de la organización internacional CoST (Construction Sector Transparency), con sede en Reino Unido.
Por Revista Summa
El Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) es una herramienta que ayuda a monitorear el nivel de transparencia y la calidad de la información en la implementación de proyectos de infraestructura pública, para facilitar la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades y detectar deficiencias en la práctica, que permitan mejorar su gestión a nivel local y nacional.
Este 2023 la Iniciativa CoST Costa Rica presentará nuevamente su Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), el primer estudio se implementó en el país en 2021. Dicha herramienta evalúa cuatro ámbitos o dimensiones: marco jurídico, capacidades y procesos institucionales, participación ciudadana y divulgación de la información de los proyectos de obra pública que realizan las instituciones del gobierno central, autónomas y gobiernos locales.
Para el estudio se consultó a 30entidades pertenecientes a la Administración Central y Descentralizada y gobiernos locales, seleccionando 2 proyectos por institución, la calificación se basa en 96 indicadores los cuales son analizados individualmente para cada una, con el fin de evaluar las prácticas institucionales y las condiciones nacionales que dan lugar a la transparencia y a la rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública. Esta puntuación se publicará en forma de índice, clasificará a las entidades contratantes y proporcionará una evaluación a nivel nacional por sectores.
“La iniciativa CoST Costa Rica, como parte del programa global CoST – Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura – es una de las principales iniciativas mundiales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las infraestructuras públicas, es una valiosa herramienta para medir y sobre todo mejorar prácticas en todo el proceso de obras públicas en nuestro país. Con la realización de este ITI 2023, tenemos el gran reto de promover e implementar mejores prácticas, con el objetivo de que la ciudadanía reciba plena transparencia, la cual se traduce en mejores obras y calidad de vida para el país», señaló Marisol Castro, gerente país de CoST Costa Rica.
A partir de los resultados de la implementación del ITI se busca identificar deficiencias existentes en la práctica de divulgación de la información y desarrollar recomendaciones con un plan de acción para elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el país, y en cada sector e institución que permita mejorar las prácticas de gestión de infraestructura. Como se realizó tras el primer ITI presentado en 2021, donde se concluyó que, a pesar de múltiples esfuerzos regulatorios a nivel nacional, no había un marco normativo específico integrado que promoviera la transparencia y el fácil acceso de la ciudadanía a la información en el sector de infraestructura.
Asimismo, en el primer informe se recomendó evaluar el nivel de transparencia y rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública a lo largo del tiempo, dar seguimiento, fomentar el progreso y facilitar el aprendizaje entre pares. De la misma manera, crear o incluir en una norma de alcance nacional como un requerimiento formal de información, para que todas las instituciones públicas que realizaran proyectos de edificación o infraestructura pública pudieran publicar de forma obligatoria la información de esos proyectos siguiendo un estándar de datos que lograra reunir mejores prácticas, como el IDS de CoST (por sus siglas en inglés CoST Infrastructure Data Standard) o OC4IDS (Open Contracting for Infrastructure Data Standard).
Para el mes de julio del presente año, se espera culminar las fases de preparación, evaluación, tratamiento de datos e informe final y presentar públicamente los resultados del segundo estudio en Costa Rica.
Desde el 30 de junio del 2016 el país centroamericano es miembro de la organización internacional CoST (Construction Sector Transparency), con sede en Reino Unido que apoya a más de veinte países alrededor del mundo, específicamente en tres áreas: la divulgación o publicación de la información, el aseguramiento o evaluación mediante la validación y verificación de la información de los proyectos y la auditoría social que genera la demanda de rendición de cuentas.