Iniciativa impulsada por la diputada Daniela Rojas del PUSC, establece distintas categorías de microcréditos.
Por Revista Summa
A dos años de la entrada en vigencia de la llamada Ley contra la Usura Crediticia, los efectos sobre la población son evidentes: 60 mil personas al año no pueden acceder a las soluciones crediticias de entidades de las empresas que ofrecen microcréditos (préstamos menores a ₡675.000).
Es decir, las familias y emprendedores de clase media y baja han dejado de contar con la facilidad del financiamiento formal para cumplir sus objetivos financieros, que tenían antes del 2020.
Una muestra de ello lo reflejan las estadísticas de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI), que aseguran que un 70% de las motos utilizadas como herramienta de trabajo para miles de ciudadanos, han sido compradas con microcréditos. De la misma forma solo un 5% de los emprendedores, tienen acceso a Banca para el Desarrollo, por lo que los pequeños créditos son una opción para impulsar sus negocios.
Ante este panorama la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impulsa el nuevo proyecto 23.101 “Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica”, que tiene el propósito de revertir la afectación generada por la conocida “Ley de Usura”.
«La propuesta de ley es un esfuerzo para crear condiciones más seguras para las personas hasta ahora excluidas por el sector financiero. Mujeres jefas de hogar, adultos mayores y habitantes de zonas rurales son hasta ahora las personas más afectadas de la exclusión”, explicó la legisladora.
Así se dio a conocer en el webinar Situación Nacional a dos años de la entrada en vigencia de la Ley contra la Usura Crediticia, organizado por ASOCOMI y Universidad Lead.
En el foro también participó Javier Cascante, experto en microfinanzas, quien enfatizó “lamentablemente, el fenómeno de exclusión financiera se manifiesta en segmentos de bajos ingresos, escasa escolaridad, con trabajos no formales o independientes, características que a nivel crediticio representan un riesgo más alto para el acreedor. O sea, se crea una ley para proteger a los más vulnerables, pero malas arquitecturas regulatorias, pueden terminar afectándolos”.
Los expertos coincidieron que el acceso a fuentes formales de financiamiento, propuestas por el nuevo proyecto de ley, previene un mayor deterioro social y robustece la protección de la seguridad financiera y personal de las familias costarricenses. Adicionalmente, esta iniciativa distingue los microcréditos personales, los productivos, los dirigidos a mujeres y los destinados a aquellas personas físicas o jurídicas que no posean historial crediticio en la Central de Información Crediticia de la SUGEF.
Por su parte Mónica Navarro, Vicepresidente Ejecutiva de ASOCOMI aseguró “hoy ha sido evidente que los frutos de la llamada ley contra la usura crediticia no fueron los esperados. Su verdadero efecto ha sido la exclusión y el aumento en los crímenes ligados a la extorción, las amenazas y hasta la muerte. Es urgente dar a conocer la importancia de los microcréditos formales en la cadena financiera y apoyar normativa que busque incluir y no excluir.”
En el webinar, también participó Julio Hernández, jefe de la sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).