Actualmente la concesión se encuentra en su fase de explotación.
Por Revista Summa
La CGR emitió un informe de auditoría al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),para determinar si los controles ejercidos por la administración concedente en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público “Proyecto Carretera San José-Caldera», cumplen razonablemente con lo dispuesto en dicho contrato y en la normativa aplicable.
«La inversión realizada por el Concesionario para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de la carretera asciende a $301 millones de dólares del año 2000 (según el contrato original, las adendas aprobadas y los acuerdos conciliatorios) …
Actualmente la concesión se encuentra en su fase de explotación, lo cual obliga a la Administración Concedente a ejercer un riguroso control sobre todas las actuaciones desempeñadas dentro del marco del Contrato de Concesión, de manera que se garantice un servicio público efectivo y eficiente acorde con las necesidades de los usuarios, en procura del buen uso de los fondos públicos y acorde con la calidad que amerita un proyecto concesionado». Informe DFOE CIU IAD 00005-2023, página 3. (Enlace).Principales hallazgos:
No se cuenta con Inspección Técnica de Explotación de Obra, exigida en el Contrato de Concesión, lo cual implica una clara dependencia en los servicios de supervisión contratados externamente, sin mediar una contraparte técnica propia de la Administración.
La Administración Concedente no acreditó contar con una serie de documentos técnicos necesarios para verificar y garantizar la adecuada condición (grado de deterioro) y funcionamiento de la obras que componen la carretera.
La Administración no acreditó contar con una planificación formalmente aprobada, con plazos máximos, responsables y sustentada en las necesidades de movilidad y circulación reales de cada tramo de carretera, para resolver el nivel de saturación que presenta actualmente la carretera.
Existen al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del Concesionario, relacionadas con deterioros en las obras concesionadas, correspondientes al período de 2018 a 2023, que a la fecha no han sido resueltas, lo cual pone en riesgo la aplicación efectiva de la potestad sancionatoria encomendada contractual y legalmente a la Administración.
La Administración Concedente desconoce si existen metodologías más eficientes y a un menor costo que la utilizada desde 2014, para realizar el control de los ingresos de peaje de la concesión.
Sobre la gestión de la información se determinó que la Administración Concedente no ha garantizado el acceso, actualización y respaldo de la información generada durante la ejecución del contrato de concesión, lo cual perjudica el ejercicio de sus funciones de control.