El Poder Ejecutivo no ha cuantificado ni demostrado, de forma técnica, el ahorro que generará la implementación de la iniciativa presentada.
Por Revista Summa
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) hace un llamado vehemente a los señores diputados para que se realice una verdadera reforma del sistema de empleo público con el propósito de lograr un Estado más eficiente y eficaz. Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”,
Preocupa que la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, más que racionalizar los beneficios que disfrutan los trabajadores estatales, consolide los existentes y cree nuevos beneficios, otorgándoles rango de ley, dejando además vacíos importantes y serias omisiones.
“Costa Rica necesita urgentemente atender la problemática del déficit fiscal, que amenaza seriamente la estabilidad económica y social del país, así como su competitividad. Indudablemente la solución debe empezar por el recorte del gasto público, atendiendo de manera prioritaria las erogaciones que representa el mantenimiento de la burocracia estatal.
Cifras de la OCDE muestran que Costa Rica destina el 13,86% de su PIB al mantenimiento de los funcionarios públicos, lo que supera el promedio general de los países que conforman dicha organización y que alcanza el 10,24%”, manifestó Esteban Acón, Presidente de la CCC.
No obstante, la última versión del proyecto -que ya incorpora los cambios introducidos en el primer día de mociones 137- tiene preocupantes deficiencias, entre las que se pueden citar:
- Excluye de la aplicación de ley a las empresas estatales e instituciones públicas en competencia cuando dicha exclusión debería aplicar solo para aquellos funcionarios que efectivamente están involucrados con los sectores en competencia.
- El procedimiento para implementar las reducciones forzosas o por falta absoluta de fondos o para lograr una reorganización más eficaz y económica de las dependencias públicas debe quedar establecido de forma más clara y precisa.
- No hay referencia a derogatorias o reformas a leyes especiales que determinan incentivos salariales, con lo cual estos quedarían vigentes.
- Tampoco queda claro que las negociaciones colectivas que se lleven a cabo se deben ajustar a los parámetros señalados en la Ley Marco. Lo anterior podría traer como consecuencia nuevas convenciones colectivas, con privilegios irracionales.
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo no ha cuantificado ni demostrado, de forma técnica, el ahorro que generará la implementación de esta propuesta. Tampoco se ha definido la forma en que se va a determinar el valor financiero de los grupos salariales del sector público. Asimismo, hay una ausencia completa de metodología para la categorización de puestos y además persisten “familias” o categorías de puestos que generan dudas acerca de si la propuesta vendría a generar justicia salarial en el sector público.
“Los señores diputados tienen en sus manos la oportunidad de corregir los problemas que arrastra el sistema de empleo público, confiamos en que sabrán aprovecharla por el bien del país y que mejorarán sustancialmente el texto de la actual propuesta de la Ley Marco de Empleo Público para proceder a su aprobación con la urgencia que amerita la situación.
Instamos a los señores legisladores a exigir al Ejecutivo, una ambiciosa agenda de reactivación económica y reformas concretas en materia de reducción del gasto público, para posteriormente, una vez alcanzado ese objetivo, dar trámite a la discusión sobre los nuevos ingresos que requiere el Gobierno, apegados estrictamente a los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Multisectorial”, concluyó Esteban Acón, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.