Con respecto a la tarifa actual, los consumidores enfrentarían un incremento ordinario para el año 2026 del 25,23% en su factura eléctrica, un aumento desproporcionado que se desvía de lo establecido en la ley de ARESEP.
Por Revista Summa
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hizo un llamado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para que, en el análisis de la solicitud tarifaria de ajuste ordinario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el año 2026, se apliquen con rigor los principios establecidos en el artículo 32 de la Ley 7593, que ordena excluir de las tarifas todos los gastos que no sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio público.
De acuerdo con la propuesta presentada por el ICE, con respecto a las tarifas ordinarias actuales, el sistema de generación sufriría un incremento de 50,46%, sistema de transmisión un 23,16% y las tarifas para usuarios finales (sistema de distribución) un 25,23%. Aumentos que a todas luces resultan desproporcionados. Cabe destacar, que aún queda por resolver el efecto por el Costo Variable de Generación (CVG), que según se ha mencionado por la ARESEP, podría abaratar las tarifas.
“El sector productivo no soporta más presiones sobre su competitividad. El tipo de cambio apreciado, los aranceles, las altas cargas sociales y la infraestructura deficitaria ya limitan la capacidad de competir de las empresas. Por eso, el precio de la energía —como lo confirma nuestra más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025— es un factor crítico que debe manejarse con prudencia y visión de país”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
En su análisis, la CICR señala que varios costos y gastos que respaldan la propuesta del ICE muestran crecimientos desproporcionados. Entre ellos, solo en la creación de nuevas plazas, el ICE está solicitando 91 puestos adicionales entre los sistemas de generación y distribución, lo que representaría un costo adicional por de ₡2.725 millones. La CICR también identificó incrementos significativos en varios rubros del gasto operativo, como los gastos administrativos, costos comerciales, reconocimiento de la depreciación, entre otros.
De hecho, la Cámara reiteró su preocupación por el tratamiento contable de la depreciación de activos, que implica que los usuarios terminen pagando hasta cinco veces el valor original de los activos revaluados, un tema ya señalado en 2024 y sobre el cual la ARESEP aún no ha emitido un criterio definitivo.
Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativo del sistema de generación alcanzarían los ₡274.338 millones, equivalentes al 19% de la deuda total del sistema (₡1.456.458 millones). Esto significa que, si esos ingresos se destinaran únicamente a amortizar deuda, el ICE podría pagar la totalidad de sus pasivos en poco más de cinco años, lo que no pareciera razonable si las deudas son de largo plazo.
En este contexto, desde la CICR reiteraron que, conforme a la ley, ARESEP no debe reconocer en las tarifas aumentos desproporcionados ni gastos que no estén vinculados directamente con la prestación del servicio regulado.
Los industriales solicitaron a la ARESEP que asegure la aplicación estricta del marco regulatorio, promueva la eficiencia institucional y proteja al consumidor final, evitando aumentos desproporcionados o que no respondan a una necesidad técnica o de servicio esencial. “Hemos apoyado el prorrateo, justamente para no someter al consumidor a aumentos abruptos y desproporcionados de tarifas” concluyó Capón.