Estos recursos se enmarcan en el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica para la Adquisición y Aplicación de Vacunas del BCIE.
Por Revista Summa
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó a la República de Costa Rica un financiamiento por
US$80 millones para la adquisición, equipamiento y aplicación de vacunas contra el COVID-19, con esto se convierte en el primer Banco Multilateral en aprobar un financiamiento para este fin en la región centroamericana.
Esto permitirá costear el programa costarricense para vacunar a aproximadamente 3,705,638 habitantes definidos como población meta, logrando una cobertura del 72% del total de la población. El financiamiento busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para la población de todas las edades, y asegurar así el desarrollo sostenible combatiendo la epidemia COVID-19.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló que este financiamiento más accesible es de gran importancia porque “la vacunación es la herramienta más importante para preservar la salud pública y a la vez impulsar la recuperación económica del país, a la vez que facilita los procesos paulatinos de apertura”.
“El BCIE ha realizado grandes esfuerzos por llevar a cabo este financiamiento temático para la compra de la vacuna manteniendo condiciones muy favorables para los países que lo solicitan, ya que se reconoce su fin. Nos llena de entusiasmo comunicarle a los costarricenses que podrán acceder a este recurso que llega como una luz de esperanza después de tantos meses de espera”, resaltó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.
Este financiamiento se encuentra enmarcado en el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica para la Adquisición y Aplicación de Vacunas del BCIE y va en línea al Objetivo de Desarrollo Sostenible, garantizando con ello que la población beneficiada pueda acceder en el corto plazo a insumos, medicamentos y equipo médico especial.
Es a 20 años plazo, con cinco años de gracia, con condiciones financieras competitivas y en apego a la normativa nacional correspondiente.