Las pequeñas farmacias argumentan que el decreto 17 les afecta directamente, pues el margen de ganancia con el descuento impuesto por el Gobierno panameño no es rentable.
Por EFE
Centenares de pequeñas farmacias permanecían cerradas en Panamá desde la promulgación el lunes de un decreto gubernamental que establece una rebaja del 30 % en el precio de 170 medicamentos, una medida que es económicamente inviable para estos comercios, dijo este martes a Efe el presidente del gremio.
Más del 95 % de los 450 establecimientos afiliados a la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) de Panamá, han cumplido con la medida de cierre, porque el 30 % de rebaja los «ahoga», afirmó el líder de ese gremio, Orlando Pérez.
«¿Cómo pago mis gastos operativos, planilla, salario, luz, alquiler?», explicó Pérez, que además aseguró que los propietarios de las farmacias están «preocupados» porque no encuentran «una salida» al tema.
El lunes entró en vigor el Decreto Ejecutivo 17, firmado el 10 de agosto pasado por el presidente Laurentino Cortizo, que disminuye en un 30 % el precio de 170 medicamentos de uso regular, una medida que estará vigente por 6 meses prorrogables y que fue recomendada por una «mesa técnica». La norma «mantiene el descuento del 20 % a los jubilados» establecido en la ley vigente.
«Las farmacias pequeñas tendremos que cerrar a partir del 15 de agosto porque se nos hace imposible cumplir con el nuevo decreto impuesto por el Gobierno de turno» y «Pueblo panameño, farmacia de luto», rezan algunos carteles puestos en dos de estos establecimientos que permanecían cerrados este martes en la Ciudad de Panamá.
Pérez sostuvo que el margen de ganancia «no da para dar el 30 % de descuento, más el 20 % a los jubilados», este último, que consideró una especie de «impuesto» que les «colocó el Gobierno hace más de 30 años», que no les «reconocen en un crédito fiscal ni nada en absoluto».
El presidente de la Unprofa dijo que este martes está prevista una reunión con el vicepresidente panameño, Gabriel Carrizo, en la que esperan poder «plantear nuestros problemas e inquietudes y llegar una solución».
«Hacemos un llamado a mantenernos en la conversación, principalmente a las farmacias medianas y pequeñas. Entendemos que hay que seguir conversando para que podamos ayudarlos a que sus márgenes se mantengan dentro de lo positivo», dijo el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia.
LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
El costo de la medicinas en Panamá, uno de los más altos de la región como han denunciado durante años los usuarios y han admitido las propias autoridades, se debe a que las farmacias compran los productos a un distribuidor y no directamente al laboratorio, dijo Pérez a Efe.
Las pequeñas farmacias argumentan que el decreto 17 les afecta directamente, pues el margen de ganancia con el descuento impuesto por el Gobierno panameño no es rentable, ya que no hay un «compromiso de la cadena de distribución».
«Los propietarios de farmacia no estamos dispuestos a aceptar ni un solo porcentaje, porque ya tenemos un 20 %. Pero los laboratorios internacionales no se han comprometido con el 30 %, tampoco lo han hecho los distribuidores y, la verdad, no hay un compromiso de la cadena de distribución para cumplir con el cliente final», apuntó Pérez.
La Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) advirtió el viernes pasado que la «implementación improvisada» del Decreto Ejecutivo 17 «genera incertidumbre y presenta serios obstáculos para que pueda iniciar este lunes», y pidió al Gobierno «conceder, por lo menos, 15 días» para preparar su implementación.
El alto costo de los medicamentos, de los combustibles y de los alimentos, causó el mes pasado las mayores protestas sociales en décadas en Panamá, que llevaron al Gobierno a la instalación de una mesa de diálogo con los sindicatos y gremios para consensuar medidas para la rebaja de los precios.