El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022.
Por EFE
Un grupo de familiares de personas detenidas en El Salvador supuestamente arbitrariamente durante la implementación de la medida de un régimen de excepción para combatir a las pandillas solicitó este miércoles a la Dirección de Centros Penales que permita la visita de parientes y abogados en las cárceles del país.
Los solicitantes, acompañados del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y otras organizaciones no gubernamentales, se concentraron en la sede de Centros Penales, en San Salvador, y entregaron una carta con sus peticiones.
Señalaron que piden que se «elimine cualquier restricción realizada a las visitas familiares y se garantice el contacto en condiciones dignas», que se «instruya a los directores de cárceles a permitir visita de familiares, amigos y defensores» y que se «proporcione información actualizada sobre la situación de salud y ubicación de los detenidos».
Además, demandaron que se «asegure el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, de acuerdo con la ley penitenciaria y la normativa internacional».
Las familias no tienen ningún contacto con los detenidos, ni visitas, y han denunciado que incluso los abogados tienen problemas para hablar con sus defendidos y tener acceso a los expedientes judiciales para su defensa.
Esta petición se suma a la realizada el lunes por dos organizaciones no gubernamentales de El Salvador a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que se investigue una serie de irregularidades que se relacionan con las más de 300 muertes en las prisiones en el contexto del régimen de excepción.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Con más de 81.900 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, lo que le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.