Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron en una llamada con prensa que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 250 personas.
Por EFE
La nueva ronda de sanciones que impuso este miércoles Estados Unidos contra decenas de funcionarios y tres empresas de Nicaragua, incluida dos mineras, por atacar los derechos humanos y ser «cómplices en la explotación de migrantes», afectan al Gobierno que preside Daniel Ortega, advirtieron opositores nicaragüenses en el exilio.
«Las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Tesoro indican que Estados Unidos está golpeando el bolsillo de la dictadura (de Nicaragua) al tocar el sector minero», dijo el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields en un audio publicado en X.
Según McFields, que se rebeló contra el Gobierno sandinista durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022, esa ronda de sanciones afecta al Ejecutivo porque está dirigido al sector minero y al comercio del oro en bruto, que es el principal producto de exportación de Nicaragua.
Washington está golpeando al Gobierno de Ortega donde «más le duele y lo único que respeta la dictadura: las finanzas», añadió el diplomático y periodista desnacionalizado por Ortega, que formó parte del Gobierno sandinista desde 2011 hasta marzo de 2022.
Sancionan centro ruso de formación de policías
Lo que llamó la atención del disidente de la nueva ronda de sanciones «es que vuelven a golpear a la policía represiva de Nicaragua, pero también golpean la alianza de Rusia y Nicaragua», al sancionar al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC).
«Este es un golpe estratégico que da Estados Unidos a la bolsa de la dictadura, pero también a la mano represora del régimen», indicó.
A juicio del exembajador ante la OEA, EE.UU. «está sofisticando» las sanciones que ha impuesto a Nicaragua a partir de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en el país centroamericano y que Ortega neutralizó a la fuerza.
«Son sanciones bisturí que van directo a la bolsa y a la mano que mata de la dictadura de Nicaragua. Esto marca una pauta importante y un giro significativo en las sanciones que Estados Unidos está empezando a implementar en Nicaragua», destacó.
Golpe a las finanzas y al espionaje
Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro dijo a través de un audio en X que la nueva ronda de sanciones de EE.UU. a Nicaragua «va encaminada precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector económico, como es el oro».
Subrayó, además, que Washington sancionó «a este instituto de represión y de inteligencia ruso que opera en Nicaragua», como RTC.
«Aquí hay una señal inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales, que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano», valoró Chamorro, que fue excarcelado, expulsado y desnacionalizado en febrero de 2023.
«Esto es un rotundo mensaje de la Administración norteamericana de que están siendo muy de cerca el patrón de espionaje, el de persecución, el de cercanía con los rusos, y además el tema de la utilización de la migración como arma política», añadió.
La nueva ronda de sanciones
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron en una llamada con prensa que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Gobierno de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar «el ataque a los derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo».
Además, se emitió una alerta policial internacional para informar a la industria de la aviación sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración ilegal y para recordarle a la industria «medidas clave que deberían tomar para evitar la complicidad en estas acciones».
En una acción paralela, el Departamento del Tesoro sancionó a tres entidades con sede en Nicaragua, entre ellas al RTC.
También sancionó a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Cominisa) y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como «afiliadas al Gobierno», «generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo».