Desde el 1 de septiembre de 2023, Arévalo de León denunció públicamente que existía un plan de «golpe de Estado», para evitar su investidura.
Por EFE
La investidura presidencial de Bernardo Arévalo de León el lunes de madrugada permitió a Guatemala mantener su democracia, pero el riesgo de un golpe de Estado estuvo latente durante toda la jornada.
Fue finalmente el respaldo de la comunidad internacional, líderes indígenas y el voto de 17 diputados de partidos minoritarios fue lo que finalmente marcó la diferencia para lograr la toma de posesión del nuevo mandatario.
Arévalo de León, de 65 años, juró su cargo casi a la medianoche del lunes en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de Ciudad de Guatemala, después de un retraso de 10 horas protagonizado por diputados que lanzaron un último ataque para evitar su investidura.
«Fue una jornada dramática y quedó claro que hay un bloque político que ve a Arévalo y su Gobierno como una amenaza y por eso intentaron sabotear la toma de posesión», declaró a EFE el politólogo y analista independiente Renzo Rosal.
Un grupo de parlamentarios de partidos tradicionales de derecha obstaculizó la asunción de Arévalo de León, cuando retrasaron procesos administrativos para dar posesión a los nuevos 160 diputados y elegir a la junta directiva que debía colocar la banda presidencial al nuevo mandatario.
El intento fue el último cartucho, tras una gran cantidad de procesos penales, antejuicios y secuestro de resultados electorales, por parte del Ministerio Público (Fiscalía), dirigido por Consuelo Porras, para anular la victoria que obtuvo Arévalo en las urnas el 20 de agosto de 2023.
Indígenas como protagonistas
La situación tensa dentro del Congreso el pasado domingo, provocó que cientos de indígenas salieran a manifestar en contra el nuevo intento por descarrilar el cambio de mando presidencial y se apostaran en las entradas de la sede del poder Legislativo.
Los pueblos indígenas «tuvieron un papel protagónico», indicó Rosal y sumó que sin las manifestaciones y plantones que realizaron desde septiembre “la investidura de Arévalo no hubiera sido posible”.
El analista resaltó que los indígenas de Guatemala no se movilizaron en respaldo del nuevo Gobierno sino «fue una muestra de defensa de la democracia que estaba en riesgo».
Durante 105 días, cientos de pobladores indígenas de diferentes regiones de Guatemala realizaron un plantón interrumpido frente a la Fiscalía, exigieron la renuncia de Porras Argueta y pidieron respeto a los resultados electorales.
El apoyo internacional
Desde el 1 de septiembre de 2023, Arévalo de León denunció públicamente que existía un plan de «golpe de Estado», para evitar su investidura y encontró apoyo en diversos actores internacionales como el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
El respaldo de estos actores mermó los intentos golpistas con sanciones políticas y financieras a diferentes actores involucrados en los intentos por evitar la investidura del nuevo presidente.
Estados Unidos retiró la visa a más de 100 diputados y sancionó a la cúpula de la Fiscalía. Además, bloquearon las cuentas y propiedades de Miguel Martínez, exfuncionario y cercano del expresidente Alejandro Giammattei, quien también fue designado como actor corrupto esta semana.
El día de la investidura, Arévalo de León recibió el apoyo de diversos mandatarios como Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras, Gabriel Boric de Chile y el Rey de España, Felipe VI.
La diferencia en el Congreso
El último intento por impedir la toma de poder fue desarticulada cuando el diputado Samuel Pérez, del partido de Arévalo de León, ganó la presidencia del legislativo con el respaldo de 92 diputados, siendo los 17 votos de las bancadas minoritarias la diferencia necesaria para vencer a la planilla opositora.
A consideración de Rosal, si el partido de Arévalo de León no hubiera ganado la presidencia del Legislativo «hubiera tenido problemas para ser juramentado, porque la planilla opositora estaba compuesta por los diputados que buscaban evitar su investidura».
Ahora ya como presidente, la duda acerca de Arévalo de León es que si encontrará condiciones de gobernabilidad para llevar adelante sus promesas anticorrupción y limpiar las instituciones del Estado.
Para alcanzar sus objetivos, Rosal considera que el nuevo presidente necesitará «conseguir respaldo en el Congreso» y eso implica un riesgo porque «los diputados ofrecerán su apoyo a cambio de favores», advierte el experto.
Arévalo de León ha reconocido que para llegar al poder atravesó «complejas tensiones y desafíos», después de que señaló el 1 de septiembre pasado a la fiscal general, Porras Argueta, de querer dar un golpe de Estado en su contra.