El Ministerio de Trabajo ha informado que procesa el pedido de despido de unas 4.500 personas hecho por la minera.
Por EFE
Solo el 20 % de la plantilla de la mina Cobre Panamá, de capital canadiense y la mayor a cielo abierto de Centroamérica, está operando y lo hace en labores básicas de cuido, dijo este jueves un gerente de la concesionaria durante un recorrido por la instalación, inhabilitada por un fallo judicial el pasado 27 de noviembre.
La mina, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), contaba con unos 7.000 trabajadores, de los cuales «2.100 más o menos se han acogido al retiro voluntario», dijo a los periodistas el gerente de Producción, Edwin Salazar.
«Como pueden ver y constatar por ustedes mismos, en este momento no estamos operando, no tenemos equipos (…) lo que se tiene es un personal mínimo, más o menos un 20 % de personal» de la plantilla original, dijo Salazar señalando el llamado tajo Botija, uno de los cuatro principales depósitos del yacimiento según FQM.
Simplemente, añadió, se trabaja en aspectos de cuido y mantenimiento como «controlar el agua».
El Ministerio de Trabajo ha informado que procesa el pedido de despido de unas 4.500 personas hecho por la minera, cuyo contrato de concesión para la explotación de Cobre Panamá fue declarado en noviembre pasado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, por segunda vez y al igual que en 2017.
Este jueves una comisión integrada por ministros, entre ellos el titular del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Jorge Rivera Staff, además de representantes de las comunidades contiguas y otros, realizó la primera visita de fiscalización en la mina.
Se trata de «ir aclarando muchas dudas» con la empresa, dijo Rivera Staff a los periodistas.
«Hemos podido corroborar, no solo que la empresa ha cesado sus labores, sino también que existen muchos equipos, insumos y personal en actividades mínimas para garantizar la estabilidad física y química de la mina», dijo el titular del Mici.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, declaró que «estamos haciendo análisis químicos en las descargas, que es lo que nos va a decir si hay contaminación, pero ha simple vista no se han visto cosas irregulares», en referencia a las denuncias en ese sentido de sectores ambientalistas.
El gerente Salazar confirmó asimismo que la empresa entregará a más tardar el próximo 16 de enero la propuesta de Plan de Preservación y Gestión Segura que le solicitó el Mici.
Esa propuesta debe contemplar, entre otros, «la cantidad de personal requerido para cada actividad mínima, los tipos de insumo, materiales y equipos necesarios, así como la frecuencia en el suministro que se requieren para los mismos», dijo el ministerio el pasado 3 de enero.
El Gobierno anunció en diciembre pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuya elaboración tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
Ese plan contempla tres estrategias específicas: el cierre ordenado y definitivo; la defensa del Estado ante arbitrajes internacionales; y la sustitución sostenible de la minería metálica en el producto interno bruto (PIB) nacional.
FQM ya anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur.
La mina Cobre representaba el 4,8 % del producto interno bruto (PIB) y el 75 % de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa, que comenzó a exportar ese mineral en 2019.