Dicha «dictadura formal» aparentemente empezó en 2016 con la llegada al poder del presidente Jimmy Morales.
Por EFE
La carrera por la presidencia en Guatemala, que empieza oficialmente el próximo lunes, tendrá como protagonista a los políticos tradicionales, a unas autoridades cuestionadas y a la amenaza de alcanzar una «dictadura formal», en opinión de expertos.
La inscripción para las elecciones generales del próximo 25 de junio en Guatemala se cerrará este sábado, para dar paso el lunes a la campaña electoral, con 20 parejas presidenciales confirmadas para la contienda.
Sin embargo, existirán ausencias en la papeleta de votación, ya que el Tribunal Supremo Electoral decidió dejar fuera del proceso a políticos de oposición como la líder indígena Thelma Cabrera, una de las favoritas para ganar los comicios.
A ella se suma el hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), Roberto Arzú García-Granados, y todo apunta a que también podría quedar fuera otro candidato con fuerza para gobernar el país, el abogado Edmond Mulet.
«En estas elecciones se juega la consolidación del estatus quo y la aceleración hacia una dictadura formal», explicó a EFE el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada.
Dicha «dictadura formal» aparentemente empezó en 2016 con la llegada al poder del presidente Jimmy Morales, quien decidió expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en 2019 y con ello poner fin a una histórica lucha contra la corrupción que tuvo lugar entre 2014 y 2019.
Las redes criminales, en un primer escenario, «frenaron la lucha contra la corrupción y expulsaron del país a sus detractores». Ahora con las elecciones, en opinión de Sáenz de Tejada, tienen la oportunidad de «perpetuarse con el poder del Estado».
LOS POLÍTICOS TRADICIONALES
En el contexto actual, todo apunta a Zury Ríos Sosa como la favorita para ganar la presidencia, rodeada de antiguos políticos y asesores cercanos a su padre, el fallecido general golpista y dictador Efraín Ríos Montt, acusado del genocido en 1982 de más de 1.500 indígenas en el noroeste de Guatemala.
Ríos Sosa, postulada por la alianza de derecha Valor-Unionista, fue inscrita junto a su compañero de fórmula, Héctor Cifuentes, un político que en 2019 fue acusado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
El partido de Ríos Sosa postuló como candidatos a diputados a Enrique Degenhart y Sandra Jovel, dos exministros del Gobierno del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) que apoyaron abiertamente la expulsión de la Cicig, ente independiente de la Organización de Naciones Unidas que develó decenas de redes criminales incrustadas en el Estado entre 2014 y 2019, incluidos miembros de la élite empresarial.
De igual forma, la mayoría de los 28 partidos políticos inscritos cuentan con estructuras similares y han postulado para cargos públicos a políticos con fuertes acusaciones de corrupción, ligados al narcotráfico, procesados por diversos crímenes y sancionados también por Estados Unidos.
La victoría de este tipo de candidatos supondría la continuidad de una «dinámica de corrupción» y los mayores beneficiados serían «empresarios proveedores del Estado y la cúpula empresarial globalizada», señala Saénz de Tejada.
Sobre el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco hay fuertes dudas: uno de sus miembros titulares, Ranulfo Rojas, ha sido acusado en el pasado de corrupción y otro de ellos, Gabriel Aguilera, fue ministro de Trabajo durante el Gobierno de Jimmy Morales.
Precisamente este jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su «preocupación» por la exclusión de candidatos en el país centroamericano, una medida que, según expertos, podría buscar allanar el camino para el triunfo de Ríos Sosa.
A Thelma Cabrera no la inscribió el tribunal electoral por una supuesta denuncia sobre su vicepresidente, mientras que en el caso de Roberto Arzú por campaña anticipada.
Por su parte, a Mulet le quiere impedir la participación el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por defender legalmente al periodista José Rubén Zamora y por una entrevista que brindó a una cadena internacional.
«No es muy probable que se cometa un fraude electoral modificando los votos el día de la elección, pero están agotando todos sus recursos antes de los comicios para imponer una mayoría», concluyó Saénz de Tejada.