En Honduras no existen garantías de protección para los abogados, ni para los que trabajan en instituciones operadoras de justicia.
Por EFE
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este martes el asesinato a balazos de la fiscal del Ambiente Karen Almendares en la ciudad de Nacaome (sur), donde residía, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.
«Los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal Karen Almendares, no van a quedar en la impunidad. Condenó el crimen», dijo Castro en un mensaje en Twitter.
Almendares, de 38 años, fue asesinada el pasado viernes por desconocidos en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador.
El crimen fue perpetrado cuando Almendares abría el portón de su casa, en el barrio El Chagüite, cuando regresaba de un gimnasio.
«Las bandas de sicarios siguen operando y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado», subrayó la presidenta hondureña.
Según las versiones extraoficiales, la fiscal asesinada era hermana de un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) anunció en la víspera la creación de una comisión especial para investigar los crímenes contra profesionales del derecho.
«Dentro de 30 días se conocerá cuántos de estos casos han sido judicializados y en qué etapas se encuentran; del informe (de la comisión) sacaremos las conclusiones y realizaremos las denuncias correspondientes», dijo el presidente del CAH, Rafael Canales.
Aseguró que en Honduras no existen garantías de protección para los abogados, ni para los que trabajan en instituciones operadoras de justicia.
«Si no se encuentran responsables van a seguir asesinando a colegas, por lo que el Colegio de Abogados debe sentar un precedente, brindar un informe y poner las denuncias respectivas a lo interno del país y si no miramos respuesta llevaremos denuncias a nivel internacional de lo que está pasando con los abogados», explicó Canales.
Denunció que el Mecanismo de Protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia «no cuenta con suficiente presupuesto», tampoco «da resultados contundentes» y los trámites para solicitar protección son «engorrosos».
La violencia criminal que sufre Honduras deja un promedio de entre 10 y 13 muertos diarios, según fuentes oficiales.