Datos del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y noviembre de 2021 Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nicaragüenses.
Por EFE
Un grupo organizado de nicaragüenses que viven en Estados Unidos informó este domingo que promueven el aislamiento económico de las autoridades de Nicaragua como vía para restablecer la democracia en el país centroamericano, gobernado desde 2007 por el presidente Daniel Ortega.
La llamada Mesa de Trabajo New York New Jersey comenzó «con denuncias en 2018, grandes marchas en New York y New Jersey» y la «lucha está en otra etapa ahora mismo, asegurar que se aplique la Ley Renacer con todo rigor», dijo a Efe la coordinadora de la Mesa, Damaris Rostrán.
La llamada ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), fue firmada por el presidente Joe Biden en noviembre pasado, después de la reelección de Ortega en unas elecciones sin la participación de los principales líderes de oposición porque estaban detenidos o sus partidos fueron anulados.
La norma urge al Gobierno de EE.UU. a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta, en inglés) y, además, le pide que aumente sus sanciones contra actores claves del Gobierno de Ortega.
La legislación, aprobada en el Congreso de EE.UU. con el apoyo de demócratas y republicanos, también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia Nicaragua, y amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales al país.
«Ya se está hablando de la revisión del Cafta, porque a quien ha beneficiado realmente es a la cúpula de la dictadura. Lo siguiente es seguir apretando para que la dictadura siga quedándose aislada”, afirmó Rostrán.
La Administración de Biden incluyó el pasado 9 de marzo a nueve altos cargos nicaragüenses en la lista por la que prohíbe la entrada a su territorio de personas que considera corruptas o antidemocráticas.
Se trata de nueve personas involucradas en la detención de los oponentes de Ortega durante la campaña de las elecciones de noviembre pasado, en las que fue reelegido el mandatario, y que incluyen a mandos del Consejo Supremo Electoral (CSE) como su presidenta, Brenda Isabel Rocha; o Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Frente Nacional Sandinista.
«Las sanciones hacen su eco, tal vez no en el corto plazo, pero si no hicieran el eco y el daño, la dictadura no se pusiera tan mal, porque cada vez que hay sanciones ellos se descontrolan”, sostuvo Rostrán.
La opositora recordó que «el comercio de Nicaragua sigue dependiendo de Estados Unidos», y que «ni China ni Rusia lo van a sustituir».
Datos del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y noviembre de 2021 Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nicaragüenses.
Las fricciones han marcado las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos cada vez que Ortega ha dirigido el país, primero desde 1979 hasta 1990 y luego a partir de 2007.
Desde 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, y cientos de miles han optado por el exilio, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos.