Los ocho años de Hernández en el poder en Honduras fueron salpicados por múltiples denuncias de presunta corrupción y narcotráfico, tanto en su país, como en Estados Unidos.
Por EFE
El Supremo de Honduras ratificó este jueves la «detención provisional» en una unidad especial de la Policía Nacional del expresidente Juan Orlando Hernández, contra quien EE.UU. solicitó su captura, con fines de extradición, por tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas de fuego.
Una fuente de la Corte Suprema de Justicia dijo a los periodistas que, con catorce votos a favor y uno en contra, de los quince magistrados que integran el pleno, se ratificó la decisión de un juez natural, que el pasado día 16 le dictó «detención provisional» al exmandatario hondureño (2014-2022).
La defensa de Hernández presentó la semana pasada un recurso ante los magistrados del Supremo para que se cambiara la «detención provisional» de Juan Orlando Hernández por «arresto domiciliario», pero la petición «fue denegada», añadió el informante.
Hernández fue capturado en su domicilio en Tegucigalpa el 15 de febrero y, un día después, el juez que lleva el caso sobre la extradición que solicitó Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, le dictó «detención provisional» y le fijó la segunda audiencia, para la evacuación de pruebas, para el 16 de marzo.
Los ocho años de Hernández en el poder en Honduras fueron salpicados por múltiples denuncias de presunta corrupción y narcotráfico, tanto en su país, como en Estados Unidos.
Hernández es el primer expresidente que Estados Unidos ha pedido en extradición con fines de enjuiciarlo por narcotráfico, aunque hasta el último día de su mandato, él siempre rechazó las acusaciones.
Su esposa, Ana García, ha denunciado desde su captura, ante organismos de derechos humanos, que al expresidente le fueron violentados sus derechos y que cuando se produjo la misma tuvieron temor por los centenares de policías y militares que rodearon su casa, aún cuando Hernández había anunciado anticipadamente que iba a colaborar y se entregaría a las autoridades.
La defensa del exgobernante también busca evitar que sea extraditado a Estados Unidos, aunque hasta ahora, según diversas fuentes, contra Hernández no hay ninguna acusación en los tribunales de justicia.