Draghi quiere que el «súper certificado», que se otorga sólo a los vacunados o a quienes han superado la enfermedad y que muchos consideran «una vacunación obligatoria enmascarada», entre en vigor en el trabajo lo antes posible.
Por EFE
El Gobierno italiano presidido por Mario Draghi se muestra cada vez más propenso a imponer el certificado sanitario reforzado a los trabajadores del país, una medida que las reticencias de algunos partidos de la coalición han impedido tomar hasta ahora, pero que el Ejecutivo baraja aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 5 de enero.
Draghi quiere que el «súper certificado», que se otorga sólo a los vacunados o a quienes han superado la enfermedad y que muchos consideran «una vacunación obligatoria enmascarada», entre en vigor en el trabajo lo antes posible, después de que su aprobación haya sido pospuesta hasta en dos ocasiones por la falta de consenso dentro del Gobierno, revelan hoy los medios italianos.
El primer ministro cuenta con el apoyo de la principal formación progresista, el Partido Demócrata (PD), así como la conservadora Forza Italia (FI), de Silvio Berlusconi. También parece inclinarse por la medida el anticasta Movimiento 5 Estrellas (M5S), mientras se opone la ultraderechista Liga y su líder, Matteo Salvini, que afronta un debate interno en su formación al respecto.
El secretario general del PD, el ex primer ministro Enrico Letta, es de hecho partidario de la vacunación obligatoria, al igual que Matteo Renzi, líder de Italia Viva, que ha lanzado una petición popular para recoger firmas con el fin de que «el Estado asuma ante sus propios ciudadanos la responsabilidad de imponer» las vacunas.
«El Gobierno está debatiendo sobre la obligación de vacunarse y la obligación del ‘super green pass’ en los lugares de trabajo. FI está a favor de ambas soluciones», declaró este jueves la ministra de Asuntos Regionales Mariastella Gelmini.
De momento, los esfuerzos de Draghi se canalizan en lograr imponer el pase anticovid reforzado: según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo estudia «cómo proceder, evaluando las complejidades de los distintos sectores», por lo que en los próximos días continuarán las consultas técnicas y, a principios de la próxima semana, también podría hablarse con «los interlocutores sociales, los sindicatos y las empresas».
Las fuerzas parlamentarias opuestas a esta medida, que incluyen a la ultraderechista Hermanos de Italia, que no forma parte de la mayoría gubernamental, destacan que las mayores dificultades para aplicarla serían las implicaciones para quienes violasen la norma, como la suspensión de sueldo u otras penas, y los controles.
Pero fuentes del Gobierno recuerdan que también «había dudas» cuando Italia se convirtió en el primer país de Europa en introducir el certificado sanitario normal, otorgado a vacunados, curados de la Covid-19 y portadores de una prueba efectuada en las últimas 48 horas.
Las diferencias sobre la introducción del «green pass reforzado» en el seno de la mayoría pudieron comprobarse en el último consejo de ministros, el pasado miércoles, que aprobó medidas urgentes para la pandemia ante la rápida difusión de la variante ómicron, que ha marcado un nuevo récord de casos en Italia las últimas 24 horas, con cerca de 127.000.
Aunque no hubo acuerdo para aprobarlo para los trabajadores, pero se decidió que el super pase sería necesario, desde el 10 de enero, para poder acceder a los medios de transporte, además de a hoteles, ceremonias o festivales, cuando hasta ahora se usaba para el ocio y para consumir en bares y restaurantes.
Además, se abolió la cuarentena para los vacunados desde hace menos de cuatro meses o con la dosis de refuerzo por contacto estrecho con un positivo, una medida que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.