El Foro del Agua, que aglutina a organizaciones ambientalistas, afirmó en un comunicado que la propuesta de ley del Gobierno de Nayib Bukele «normaliza la injusticia hídrica».
Por EFE
Una comisión especial de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, concluyó este jueves el estudio de la propuesta gubernamental de la Ley General de Recursos Hídricos, criticada por organizaciones ambientalistas por supuestamente mantener la «injusticia hídrica».
«Hemos terminado la etapa de la discusión de la Ley General de Recursos Hídricos, le estamos cumpliendo a los salvadoreños con más de 170 artículos después de una amplia discusión y escucha de los sectores», afirmó el diputado Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
De acuerdo con un boletín de la Asamblea Legislativa, la normativa garantiza el agua «como un derecho humano fundamental para todos»
Además, que «el Estado asegurará el buen uso del recurso y la no privatización del vital líquido bajo ningún contexto y de ninguna forma».
Se espera que la comisión revise el documento nuevamente antes de emitir el respectivo dictamen favorable para que se pueda votar en el pleno de la Asamblea Legislativa.
LEY «NORMALIZA INJUSTICIA HÍDRICA»
El Foro del Agua, que aglutina a organizaciones ambientalistas, afirmó en un comunicado que la propuesta de ley del Gobierno de Nayib Bukele «normaliza la injusticia hídrica».
Señaló que la ley mantiene «los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua» por grandes empresas.
«Tal como se está aprobando la Ley General de Recursos Hídricos, transformará lo que ahora son acciones ilegales y abusos en derechos de las empresas», advirtió el Foro del Agua.
Indicó que se mantendrían los convenios de empresas y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con empresas para el uso de agua en construcciones de proyectos urbanísticos que generan «escasez en poblaciones empobrecidas».
Además, señaló el uso libre de agua superficial y subterránea por la industria de la caña en la zona costera y las autorizaciones de explotación privada del recurso por 15 años.
Lamentó que las juntas comunales de agua, que no son lucrativas y abastecen a casi 1,5 millones de personas que viven en zonas rurales en donde el acceso al agua es limitado, deberán pagar impuestos y renovar sus permisos cada 5 años.
Indicó que el proceso de consulta de la ley «únicamente respondió a una estrategia del Gobierno para acumular rédito político y no para incorporar las necesidades y propuestas de los movimientos sociales y comunitarios».
La diputada Dina Argueta, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que, a su juicio, «la ley no resolverá los problemas hídricos en el país» ni «la crisis de abastecimiento» y «mala calidad» del agua.
De acuerdo con estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé que para el año 2022 el 80 % del territorio del país registre niveles de «estrés hídrico» por la escasez del agua.