En 2020 el déficit cerró en 8,1 % del PIB y el déficit primario (que excluye el pago de intereses) en 3,4 % del PIB, mientras que la deuda se ubicó en 67,5 % del PIB.
Por EFE
Costa Rica deberá corregir un proyecto de ley de empleo público que busca bajar el gasto para el Gobierno, esto luego de que la Sala Constitucional declarara varios artículos inconstitucionales.
La Sala Constitucional, después de una larga deliberación que se prolongó durante seis días en doble audiencia y en sesión extraordinaria, resolvió las consultas legislativas formuladas por un grupo de diputados sobre el proyecto de ley de empleo público.
La Sala declaró un total de 35 artículos de inconstitucionalidad entre ellos los referentes a las violaciones de la independencia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como la autonomía de las municipalidades, las universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Casa Presidencial en un comunicado de prensa indicó que el pronunciamiento de la Sala Constitucional deja claro que la ley marco de empleo público «no contiene ninguna inconstitucionalidad en su tramitación y además avala la fijación del salario único global y las limitaciones a las convenciones colectivas».
«Estos son los elementos centrales para generar un ahorro sustancial, pero sobre todo razonabilidad y justicia en las remuneraciones a lo interno del sector público, así como entre éste y el sector privado», indica el comunicado de prensa.
Este es el proyecto estrella del Gobierno del presidente Carlos Alvarado para bajar el gasto público y cumplir con el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo de esta iniciativa, según el Gobierno, es modernizar y organizar los salarios del sector público estableciendo un salario global de acuerdo con categorías de puestos y reducciones de pluses, lo que permitiría un ahorro del 0,66 % del PIB en 2022; del 0,95 % en 2023; del 1,23 % en 2024 y del 1,52 % en 2025.
«Habrá que hacer algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala, pero todas son factibles y pronto la ley marco de empleo público será una realidad», puntualizó el Gobierno en el boletín.
Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como ente rector del empleo público indicó que recibía con «satisfacción» el anuncio de la Sala Constitucional ya que no contiene vicios de procedimiento, que «son los únicos capaces de llevar a un proyecto al archivo».
«Hay un elemento fundamental y es que la Sala Constitucional sí avaló la procedencia de regular el empleo público en la totalidad de la administración pública mediante un único cuerpo legal, y esto es la piedra angular para esta y futuras reformas que se consideren necesarias de promover (…) Con este voto estamos a muy poco de garantizar que la ley marco de empleo público sea una realidad», dijo la ministra de Planificación, María del Pilar Garrido.
La ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, indicó que el país procederá a hacer el estudio de la integralidad del texto para comprender el alcance de los señalamientos de la Sala y que ven «positivo» que se avalara la regulación del empleo público, un «paso significativo» con el afán de avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas.
Costa Rica aprobó un financiamiento por 1.778 millones de dólares del FMI ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en 2023 y bajar la deuda al 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2035.
En 2020 el déficit cerró en 8,1 % del PIB y el déficit primario (que excluye el pago de intereses) en 3,4 % del PIB, mientras que la deuda se ubicó en 67,5 % del PIB.