Los activistas instan a los legisladores a prohibir a los Gobiernos estatales y locales usar fondos federales para comprar o usar el reconocimiento facial.
Por EFE
Una coalición de casi 70 organizaciones comunitarias y defensores de los derechos civiles de toda la nación enviaron este jueves una carta al Congreso de Estados Unidos para que apruebe medidas que prohíban el uso del reconocimiento facial por parte del Gobierno federal y las autoridades estatales.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) encabezó la solicitud que urge al Legislativo a aprobar el proyecto de Ley de Moratoria de Reconocimiento Facial y Tecnología Biométrica, que aborda directamente las amenazas del reconocimiento facial a los derechos y las libertades civiles.
Los defensores de los derechos civiles argumentan que el uso del reconocimiento facial u otras tecnologías de vigilancia biométrica “pone en riesgo la vida de afroamericanos, inmigrantes y otros”, según detallan en un comunicado.
En ese sentido, Nicole Ozer, directora de tecnología y libertades civiles de ACLU en el norte de California, dijo en el comunicado que los daños del reconocimiento facial se sienten de primera mano en las comunidades, donde ese recurso “se utiliza para aumentar el tamaño de la policía racista, rastrear activistas, atacar a inmigrantes e impedir el acceso al alivio del desempleo y otros beneficios públicos necesarios”.
Ozer destacó que a través de todo el país organizaciones están luchando para proteger a las comunidades del uso de esta tecnología.
Por su parte, Ashley Del Villar, coordinadora de la campaña de privacidad digital de la organización La Resistencia, consideró que la sociedad estadounidense se encuentra en “un momento crítico” en la lucha contra el reconocimiento facial, a la par de “un despertar a nivel nacional sobre el racismo y la vigilancia”.
Los activistas instan a los legisladores a prohibir a los Gobiernos estatales y locales usar fondos federales para comprar o usar el reconocimiento facial.
Además urgen a que se rechace cualquier esfuerzo de las grandes empresas de tecnología por adelantarse a las prohibiciones y moratorias estatales y locales.
La carta abierta también fue enviada al Gobierno del presidente Joe Biden, que anunció recientemente el uso de una «aplicación» nueva de reconocimiento facial, ubicación geográfica y tecnología digital para obtener y procesar información sobre personas que buscan asilo antes de que entren al país.
A principios de junio el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó al Congreso que el Gobierno de Biden solicitaría una asignación de 1.200 millones de dólares para modernizar y actualizar la tecnología que se usa en los puertos de entrada al país.
El uso de esa tecnología por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) presenta «riesgos enormes para la privacidad y es otro paso adelante en una senda peligrosa», indicó Ashley Gorski, abogada ACLU.
«Siempre que un Gobierno adquiere la imagen del rostro de una persona hay un riesgo de vigilancia persistente en la cual el Gobierno puede identificar y seguir los movimientos de la gente sin su conocimiento», señaló.