Este mes el Gobierno habilitó unas 25.000 hectáreas para concesiones mineras en el centro y este del país.
Por EFE
La Cámara Minera de Panamá (Camipa) defendió este martes el aporte de la minería al desarrollo sostenible y su rol en la recuperación de la economía del país, en medio de una polémica por el impulso que intenta darle el Estado a esta actividad muy cuestionada por los ambientalistas.
En un comunicado de diez puntos, el gremio minero señaló que la minería es «clave e imprescindible» para «mantener y potenciar los beneficios que el país recibe», aunque reconoce la necesidad de una institución «fuerte» con «capacidades técnicas y jerarquía adecuada» para «regular, supervisar y velar» por el «cumplimiento de la legalidad».
Camipa expresó además que «impulsa» y «apoya» la renegociación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa canadiense First Quantum, propietaria de Minera Panamá, que explota en este país una de las mina de cobre a cielo abierto más grandes de Latinoamérica.
La Cámara Minera avala los esfuerzos del Gobierno en «materia de apertura, seguridad jurídica y reglas claras» para atraer inversión a la minería, un sector con «enorme potencial», añadió.
El gremio calificó de «muy necesarios» y que van «en la dirección correcta» los «esfuerzos» que se realicen para obtener una «solución definitiva», con el menor costo para el Estado, en el caso de la empresa Petaquilla Gold respecto a los «pasivos ambientales, sociales y económicos» dejados por la empresa tras el fracaso de un proyecto minero.
Camipa, fundada en 1990, dijo además que promueve un mejor manejo y prácticas de la industria para el país y que se potencien los beneficios que genera su actividad.
«Seremos garantes ante el país y seguiremos impulsando que el rol del sector se enmarque en una visión de éste como plataforma del desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, ambientales y sociales para las comunidades y para todo el país», concluyen.
El Ministerio de Comercio e Industria de Panamá impulsa un diálogo para el sector minero que ambientalistas consideran bufo, y que solo persigue, a juicio de estos, convalidar una visión extractista anclada en el siglo pasado.
Este mes el Gobierno habilitó unas 25.000 hectáreas para concesiones mineras en el centro y este del país, en zonas protegidas con alta riqueza ambiental como el Corredor Biológico Mesoamericano.
Esto levantó críticas entre los ambientalistas, quienes defienden que la minería es un «fracaso» y no proporciona beneficios al país. Para este martes se esperan protestan a nivel nacional en contra de la decisión del Gobierno.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), propuso, en declaraciones a Efe una «moratoria total» para la minería en Panamá, una actividad que necesita una actualización urgente de su marco jurídico y que solo funciona sus primeros años de explotación.