Antes de que estallara la crisis del coronavirus, la sostenibilidad de la deuda pública «ya era complicada» para varios países de la región y luego «se volvió crítica.
Por EFE
La pérdida de recaudación y el aumento del gasto público para atender la pandemia de la covid-19 dispararon el déficit fiscal promedio de Centroamérica al 6,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2020, señaló este lunes el Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (Icefi).
Dicha conclusión se desprende del perfil macrofiscal de Centroamérica, elaborado por el Icefi, en el que destaca además que 2021 es un «año sin muchas razones para celebrar» en la región.
El déficit, añadió, pasó del 2,9 % en 2019 al 6,6 % del PIB el año pasado, producto del impacto ocasionado por la pandemia, que llevó a un aumento de los gastos públicos y derrumbó los ingresos tributarios por la caída de la actividad económica.
El economista sénior del Icefi, Abelardo Medina, afirmó a Efe que todos los países de Centroamérica, con cerca de 48,5 millones de habitantes -más de la mitad pobres- registraron un aumento del déficit.
«El déficit aumentó porque los gobiernos gastaron más para tratar de compensar parcialmente los gastos que estaban haciendo para atender la pandemia y por la contracción de los ingresos tributarios», subrayó.
En Costa Rica el déficit aumentó al 8,1 % del PIB en 2020; en 2019 fue de 6,7 %, el menor incremento en términos relativos en la región, que reporta más de 1,3 millones de contagios.
De acuerdo con el Icefi, El Salvador aumentó su déficit de 3 % del PIB en 2019 a 10,6 % en 2020; Honduras, de 2,1 % a 7 %; Panamá (de 3,8 % a 7,3 %); Guatemala (de 2,2 % a 4,9 %) y Nicaragua creció del superávit de 0,3 % en 2019 a 1,5 % del 2020.
ALTA DEUDA PÚBLICA
El gasto público desplegado para contrarrestar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, añadió el Icefi, provocó en 2020 un aumento de la deuda pública en Centroamérica.
Antes de que estallara la crisis del coronavirus, la sostenibilidad de la deuda pública «ya era complicada» para varios países de la región y luego «se volvió crítica», señaló el organismo con sede en Guatemala.
Medina indicó que la deuda ha aumentado «dramáticamente para algunos países» de Centroamérica y puso como ejemplo a Honduras, que al final de 2020 alcanzó el 59,4 % del PIB y crecería hasta el 60,9 % en 2020.
La deuda de Honduras es calificada como «altamente especulativa» y «de no inversión especulativo», según las calificadoras Moody’s y Standard and Poors, respectivamente, por lo que el país necesita impulsar un «ajuste fiscal» que garantice la sostenibilidad de sus obligaciones en el largo plazo, enfatizó el Icefi.
El Salvador es el país que alcanzó el saldo de deuda pública «más elevado» en la región en 2020, un 89,2 % del PIB, que crecería hasta 90,6 % en 2021, agregó.
La deuda de Panamá en 2020 fue de 69,8 % de PIB y en 2021 aumentaría hasta 74,4 %, y la de Costa Rica alcanzó el 67,5 % el año pasado y el próximo año se incrementaría al 73,9 %, según estimaciones del Icefi.
Nicaragua, a su turno, reportó en 2020 una deuda pública del 45,1 % del PIB y en 2021 se ubicaría alrededor del 47,4 %, mientras que Guatemala registró el año pasado una deuda del 31,7 % y se estima que el próximo año aumente al 35,1 %.
AUMENTAR INGRESOS VERSUS REDUCIR GASTOS
«Todos los países tienen un problema creciente (de la deuda pública) y se acercan a los límites en los que se puede considerar insostenible la deuda», dijo el economista sénior.
En su opinión, la deuda pública es consecuencia de «la corrupción y la incapacidad sistemática de la política fiscal y tributaria» de los países.
Los Gobiernos centroamericanos deben «aumentar los ingresos y reducir los gastos», pero «sin implementar un esquema de austeridad que reduzca los gastos a lo salvaje», explicó.
El gasto militar y el aparato burocrático, así como privilegios a funcionarios públicos, hay que «eliminarlos» y, además, combatir «en serio» la evasión, la defraudación tributaria, el contrabando y el flujo ilícito de capitales, acotó el economista del Icefi, quien lamentó la falta de voluntad de los países para combatir la corrupción.