Las amplias reformas macroestructurales planteadas por las autoridades tienen por objeto promover el crecimiento inclusivo y sostenible.
Por Revista Summa
En respuesta a una solicitud de las autoridades costarricenses, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por la Sra. Manuela Goretti, celebró reuniones virtuales del 11 al 21 de enero en las que se abordaron dos tareas: analizar el apoyo financiero del FMI al programa de reforma económica formulado por las autoridades para promover una recuperación sólida y sostenible tras la pandemia, y llevar a cabo la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2021. Al término de la misión virtual, la Sra. Goretti emitió la siguiente declaración:
«Me complace anunciar que las autoridades costarricenses y el equipo de la misión del FMI han llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a políticas y reformas de carácter económico y estructural que servirán como base para un acuerdo de tres años en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por un monto de aproximadamente USD 1.750 millones. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la gerencia del FMI y del Directorio Ejecutivo de la institución, previstos para las próximas semanas. El programa apoyará los planes de reforma fiscal con los que las autoridades pretenden generar gradualmente un superávit primario y situar la deuda pública en una trayectoria descendente, además de abordar las necesidades inmediatas de financiamiento y sentar las bases para una recuperación sólida, duradera e inclusiva. Se espera asimismo que el acuerdo catalice apoyo financiero adicional de entidades bilaterales y multilaterales.
«Al igual que todos los países de la región, Costa Rica se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19, a pesar de la respuesta proactiva del gobierno y del sólido sistema nacional de salud universal. La pandemia ha tenido un fuerte impacto socioeconómico, que ha agudizado desequilibrios preexistentes y ha fragilizado aún más las perspectivas económicas, dando lugar a una disminución de la actividad económica y a un aumento del desempleo, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. La inmediata y amplia respuesta de las autoridades ha ayudado a evitar una crisis más profunda, pero se prevé que la recuperación tomará tiempo, y se estima que la economía crezca 2,6% en 2021, tras haber registrado una contracción en 2020. Además, el shock ha socavado aún más la posición fiscal del país, lo cual ha dificultado el logro de los resultados previstos de la amplia reforma fiscal emprendida a finales de 2018 y ha generado una importante brecha de financiamiento. El financiamiento de emergencia proporcionado por el FMI mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) —ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en agosto de 2020— aportó los recursos que tanto se necesitaban para ayudar a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia, y además ayudó a catalizar el apoyo financiero de otros socios oficiales. No obstante, las necesidades de financiamiento siguen siendo considerables a mediano plazo.
«Además de apoyar la recuperación tras la pandemia, el programa adoptado por el país y respaldado por el FMI también busca alcanzar la estabilidad macroeconómica e impulsar una serie de reformas que propicien un crecimiento vigoroso, duradero e inclusivo en Costa Rica. Las iniciativas de reforma de las autoridades se asentarán sobre tres pilares fundamentales: i) ejecutar reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda, sin dejar de proteger a los sectores pobres y más vulnerables; ii) preservar la estabilidad monetaria y financiera, al tiempo que se siguen fortaleciendo la autonomía y gobernanza del Banco Central y abordando vulnerabilidades financieras estructurales; y iii) impulsar reformas estructurales a favor de la inclusión, y a la vez estimular la productividad de la mano de obra, en el marco del firme compromiso del gobierno para combatir el cambio climático.
«Conforme cede la pandemia y se afianza la recuperación económica, y sobre la base de un diálogo social con diversos sectores y la reforma fiscal de 2018, el gobierno está adoptando medidas para lograr un superávit primario de 1% del PIB en 2023 y situar la deuda pública en una trayectoria descendente. La consolidación fiscal estará impulsada por una combinación equilibrada de medidas para racionalizar el gasto —en función de la regla fiscal— y para movilizar ingresos de forma equitativa, manteniendo un margen que permita destinar en 2021 un adecuado nivel de gasto a cuestiones relacionadas con la pandemia, y sin dejar de brindar apoyo a los más vulnerables. Los esfuerzos que el gobierno está realizando para mejorar la cobertura y focalización de los programas de asistencia social pueden ayudar a limitar las secuelas económicas de la crisis de la COVID-19 y, junto con las reformas previstas en el Proyecto de Ley de Empleo Público que se está debatiendo, también pueden mejorar la equidad y eficiencia del gasto público.
«La orientación de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sigue siendo adecuadamente acomodaticia y ha de seguir basándose en datos y ser de carácter prospectivo. En respuesta a la crisis, el BCCR redujo la tasa de interés de política monetaria y adoptó otras medidas, en consonancia con sus regímenes de metas de inflación y de tipo de cambio flexible, y ha comunicado sus decisiones de forma adecuada y transparente. Desarrollar más ampliamente el mercado cambiario ayudará a facilitar una gestión eficaz del riesgo y a promover la intermediación en colones, en tanto que los planes para seguir afianzando la ley del Banco Central durante el período del programa reforzarán aún más la autonomía operativa y la gestión de gobernanza del BCCR.
«Las autoridades adoptaron rápidamente medidas contundentes para apoyar al sector financiero frente al shock de la COVID-19, y han proporcionado alivio para los créditos de las empresas y los hogares afectados. Estas medidas siguen siendo temporales, transparentes y están bien focalizadas, y algunas de ellas están siendo replegadas gradualmente conforme mejoran las condiciones. Si bien el sistema financiero parece ser resistente a diversos shocks, las autoridades han intensificado el seguimiento y la supervisión de las carteras de crédito, dada la importante proporción de préstamos reestructurados y el alto grado de incertidumbre en torno a la crisis, a fin de garantizar que los bancos sigan estando debidamente capitalizados. Para afianzar aún más la estabilidad financiera habría que seguir fortaleciendo tanto los marcos regulatorios y de supervisión como la red de protección financiera, y promover una mayor inclusión financiera.
«Un programa estructural de gran alcance destinado a elevar el crecimiento potencial y abordar la desigualdad dependerá de que se mejore la educación, se impulse la innovación, se reduzcan los trámites burocráticos y se aproveche más a fondo la digitalización. Promover la formalización, por ejemplo mediante iniciativas reforzadas para fomentar la participación de la mujer en la fuerza laboral, también ayudaría a elevar ampliamente la productividad y los niveles de vida.
Por último, los encomiables esfuerzos de Costa Rica para incrementar aún más la resiliencia al cambio climático y descarbonizar totalmente la economía hacen del país un pionero a escala mundial, y ayudarán a generar nuevas y sostenibles oportunidades económicas y de crecimiento.
«El equipo del FMI desea agradecer a las autoridades de Costa Rica y a otros interlocutores por los diálogos francos y constructivos que se entablaron».