El programa de inversión fortalece y moderniza la administración de justicia de Guatemala, favorecerá la creación de 12,102 empleos fijos y 2,477 empleos temporales.
Por Revista Summa
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otorga un financiamiento a la República de Guatemala por un monto de hasta US$300.0 millones de dólares, para apoyar el “Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia”, mediante el equipamiento y construcción de infraestructura del Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), incluyendo inversiones importantes del Ministerio de Gobernación.
El contrato fue firmado por Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Licenciado Álvaro González Ricci, y el Oficial de País del BCIE, Licenciado Trevor Estrada. Cabe destacar que, con este programa de inversión, el BCIE fortalecerá la capacidad de la administración de justicia guatemalteco. Asimismo, durante la ejecución, prevé la creación de 12,102 empleos fijos y 2,477 empleos temporales de los cuales aproximadamente el 13 por ciento serán mujeres.
En ese sentido, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó que “el financiamiento está encaminado a mejorar de infraestructura y servicios, vital para la competitividad y el avance en la administración y eficacia del sistema de justicia de Guatemala”.
Aspectos técnicos del programa
Como parte de la inversión se espera realizar 108,265 metros cuadrados de construcción de nueva infraestructura pública, 6,193 metros cuadrados en ampliación de edificaciones, con lo cual se construirá, el Edificio Central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la adquisición de equipo para el análisis criminal. En el organismo judicial se realizarán nuevos juzgados, almacenes judiciales y edificios administrativos.
En el IDPP se ampliará el edificio central, se construirán oficinas departamentales y municipales. Por su parte, en el Ministerio de Gobernación se estima la construcción de 24 comisarías nuevas y dos centros penitenciarios, así como el equipamiento de radiopatrullas, sistemas de vigilancia, entre otros, que facilite eficazmente la persecución del delito que beneficie a la población de Guatemala.