El año escolar 2023 arrancó en marzo pasado con más de 950.000 estudiantes inscritos, 830.181 en el sector público, donde hay unos 48.000 docentes, según los datos del Ministerio de Educación.
Por EFE.
Alrededor del 30 % de las escuelas de Panamá está operando en medio de la huelga indefinida que entra en su tercera semana, un parón decretado por los sindicatos docentes del sector público para exigir la derogatoria de un cuestionado contrato minero, dijo este martes la ministra de Educación, Maruja Gorday.
«Las últimas dos semanas hemos tenido prácticamente un 30 % de escuelas operativas, o sea, dando clase, ya sea de manera asincrónica, se dejan algunos trabajos, otras abiertas en las áreas de difícil acceso», dijo la ministra a la cadena local TVN.
Gorday reiteró el llamamiento a los docentes a que se reintegren a sus labores para no seguir afectando el año escolar, del que solo restan 29 días hábiles, incluido el período de exámenes finales para graduandos de bachillerato, según explicó la funcionaria, que cifró en más de 940.000 los estudiantes afectados por la crisis.
Este martes las escuelas de la capital y otras ciudades lucían desiertas pese al llamado al retorno a clases hecho por el Ministerio de Educación, que las suspendió el pasado 23 de octubre, cuando comenzaron las protestas masivas contra el contrato firmado tres días antes por el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
En ese contexto, los sindicatos docentes decretaron primero un paro de 48 horas a partir del 23 de octubre, que resolvieron hacer indefinido y que mantienen hasta que sea derogado mediante una ley el contrato minero, un mecanismo que ya descartó el Parlamento para dejar en mano de la Corte Suprema de Justicia el asunto.
Muchas escuelas del sector privado, donde hay alrededor de 120.000 alumnos de acuerdo con las cifras oficiales, nunca han paralizado las clases y las están impartiendo de forma virtual, una situación que no se ha dado en el sector público dada la ausencia de los docentes, dijo la ministra.
Tras el llamado del Ministerio de Educación a la reanudación «progresiva» de clases a partir de este martes comienzan a contarse los plazos que estipulan las normas para aplicar las medidas administrativas a las que haya lugar, incluida el descuento del salario, a los maestros que no acudan a clases, dijo Gorday.
«Se consideran todas las acciones que están estipuladas» en las normas administrativas, «tenemos que ser muy responsables porque necesitamos restablecer el año escolar», añadió.
El año escolar 2023 arrancó en marzo pasado con más de 950.000 estudiantes inscritos, 830.181 en el sector público, donde hay unos 48.000 docentes, según los datos del Ministerio de Educación.
Este martes, cuando se cumplen dos semanas de las protestas contra el contrato minero, seguían los cierres de vías que han propiciado escasez de alimentos en los centros urbanos y el desabastecimiento de combustible e insumos básicos especialmente en el occidente del país, que es donde se producen la mayoría de las verduras, frutas y legumbres que se consumen en Panamá.
La semana pasada se registraron en la capital y otras ciudades del interior las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, aunque también tuvieron lugar actos de vandalismo y asaltos por parte de pequeños grupos de encapuchados tildado de infiltrados por los manifestantes.
Cerca de un millar de personas han sido detenidas durante esta crisis por la Policía, que ha sido acusada de aplicar un uso excesivo de la fuerza por la Defensoría del Pueblo, mientras que es incierto el número de heridos y se ha reportado la muerte de al menos dos personas por arrollamiento en los bloqueos de vías.
Los empresarios calculan que las pérdidas diarias a la economía por esta crisis están entre US$70 y US$90 millones, en un país donde cerca del 50 % trabaja en la economía informal y depende de lo que produce cada día.