Iniciativas surgen en el marco del Día Internacional de la MIPYME.
Por Revista Summa
La diputada de la República, Monserrat Ruíz; en conjunto con el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) presentaron un proyecto de ley que busca crear incentivos para la formalización y desarrollo de las microempresas en Costa Rica ante el gran desafío competitivo que enfrenta el país por causa de los altos índices de informalidad presentados por organismos internacionales en reiteradas ocasiones.
Esta propuesta se generó en el marco del Día Internacional de la MIPYME, una fecha que pone en análisis los desafíos y brechas que poseen miles de micro empresas. Solo en el caso de la informalidad productiva en Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para comprender el nivel de informalidad de manera especial en las microempresas de los hogares se evidenció que el 57,7% no están inscritas en ninguna instancia pública, el 81,3 % no tienen ningún tipo de contabilidad formal, el 90% no tiene contabilidad por régimen simplificado, el 73,9% no cuentan con factura timbrada, el 77,7% no tiene factura electrónica, y el 70,8% no tiene ningún comprobante de venta.
El INEC también ha indicado que el 63,3% de las microempresas no cuentan con seguro social. Este escenario, y sumado a otros análisis como el realizado por la OECD, confirma que los costos de la seguridad social y los trámites para la incorporación en la formalización constituye una de las principales causas que inciden en la alta informalidad que se tiene en el país.
Ante este panorama, este proyecto de ley tiene como propósito reconocer esta realidad, y plantear una serie de acciones que, por la vía de incentivos en la institucionalidad costarricense, genere un mejor entorno para el desarrollo y la operación de micro, pequeñas y medianas empresas; las cuales son unidades esenciales en el proceso de reactivación económica, mediante las cuales se genera el 33% del empleo total del sector privado e impactan en más del 35% del PIB del país.
“Esta iniciativa que presentamos en conjunto con la diputada Monserrat Ruiz, recoge las impresiones que a través de los distintos monitores hemos venido identificando en relación con lo manifestado por los micro, pequeños y medianos empresarios, en tres temas que son medulares para la operación, pero también para la creación y funcionamiento de las mipymes. En el Día Internacional de las Mipymes nos parece relevante el poder incorporar un proyecto de ley que está orientado precisamente a buscar la formalización y el desarrollo de estas empresas mediante los incentivos, particularmente de los incentivos tributarios y de mecanismos especializados en el tema de la seguridad social”, explicó Luis Álvarez, director ejecutivo de CELIEM.
Para la diputada Ruiz las micro, pequeñas y medianas empresas son prioridad, pues apoyar a este gran parque empresarial repercute en el 95% de las empresas de nuestro país y significan un pilar fundamental para la reactivación económica que urge en el territorio.
El texto, propone concretamente tres aspectos primordiales: la posibilidad que microempresas, con no más de cinco colaboradores, sin distingo de actividad económica, puedan incluirse en el régimen simplificado, siempre y cuando estén registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); y utilicen factura electrónica.
El segundo elemento consiste en que el régimen especial de contribución de la seguridad social se aplique por un periodo de cinco años para emprendimientos y microempresas (con no más de cinco colaboradores) que se inscriban por primera vez o reanuden la actividad económica.
Y la tercera consideración plantea que se permita la deducción del impuesto de renta de los gastos en investigación y desarrollo que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas debidamente registradas ante el MEIC; así como los gastos en capacitación y mejoramiento de los recursos humanos que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas debidamente registradas ante dicho Ministerio; y las contribuciones que realicen las empresas grandes o de regímenes especiales en transferencia de tecnología, desarrollo de innovaciones de producto/servicios, o procesos en gestión de la calidad y la gestión ambiental de las micro, pequeñas y medianas empresas que formen parte de su cadena de valor y que se encuentren debidamente registradas y en condición activa ante el MEIC.