Argentina fue el primer país en expresar su «más enérgica condena» por la presencia del iraní Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión de Ortega.
Por EFE
El iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune, no fue el único personaje polémico que participó el lunes en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y por lo que protestó Argentina.
En la ceremonia de investidura de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también estuvieron los expresidentes salvadoreños nacionalizados nicaragüenses Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos acusados de corrupción en su país.
Además, el mandatario saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyos dos períodos en el poder estuvieron salpicados por denuncias y acusaciones de corrupción y nexos con el narcotráfico, y que, cuando fue presentado como uno de los invitados, recibió abucheos y gritos de «¡Fuera JOH».
Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien el Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.
También acudió el canciller del Gobierno del expresidente Rafael Correa en Ecuador, Ricardo Patiño, quien fue acusado de instigar a la violencia durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, y contra quien pesaba una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, y cuyo proceso quedó suspendido debido a que ya había abandonado el país.
ARGENTINA CONDENA PRESENCIA DE IRANÍ
Argentina fue el primer país en expresar su «más enérgica condena» por la presencia del iraní Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión de Ortega.
Mohsen Rezai es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y su presencia en Managua constituye para el Gobierno de Alberto Fernández «una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994», según un comunicado emitido por la Cancillería del país suramericano.
Otras fuentes de la Cancillería de Buenos Aires confirmaron a Efe que el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, representante del país en la jura de Ortega, enviará un cable diplomático para confirmar lo que ya transmitió por teléfono este martes a sus superiores jerárquicos: que «nunca se cruzó, ni saludó, ni sabía que estaba el iraní en el evento».
La presencia del iraní fue anunciada por el Gobierno de Managua desde el viernes pasado.
EXPRESIDENTES SALVADOREÑOS ACUSADOS POR CORRUPCIÓN
Otros invitados a la jura de Ortega fueron los expresidentes salvadoreños Funes y Sánchez Cerén, prófugos de la Justicia de su país, y cuya nacionalización nicaragüense ha causado roces entre El Salvador y Managua.
El Gobierno de Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a ambos expresidentes salvadoreños, con lo que no podrán ser extraditados para responder por un caso de corrupción en su país, debido a que la Constitución de Nicaragua prohíbe extraditar a los nacionales.
Tanto Sánchez Cerén (2014-2019) como Funes (2009-2014) gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.
Sánchez Cerén es acusado de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes, por los que un tribunal ordenó su captura internacional.
El caso contra Sánchez Cerén se desprende de una investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, por lo que el experiodista también es requerido por la Justicia salvadoreña.
EL PRESIDENTE SALIENTE DE HONDURAS
En tanto, la situación del presidente saliente de Honduras se ha tornado más difícil luego de que un hermano suyo, Juan Antonio «Tony» Hernández, fue detenido en 2018 en Miami, de donde fue llevado a Nueva York y, en marzo de 2019, condenado a cadena perpetua, más 30 años, por cuatro cargos, entre ellos el tráfico de drogas al país del norte.
Hernández, que ha mantenido cercanía con Ortega desde que asumió su primer período el 27 de enero de 2014, ha reiterado en múltiples ocasiones que las acusaciones que desde Estados Unidos lo vinculan con acciones asociadas al narcotráfico «son falsas».
Según analistas hondureños, como la socióloga y académica Julieta Castellanos Ruiz, Hernández podría buscar refugio y la nacionalidad nicaragüense, en caso de tener que salir de su país por las investigaciones que enfrenta por posibles vínculos con el crimen organizado.
En tanto Maduro, aliado de Ortega, enfrenta cargos por narcoterrorismo por la Justicia estadounidense desde 2020, y el Gobierno de Joe Biden ha mantenido la decisión tomada durante la Presidencia de Donald Trump de desconocer a Maduro como presidente y ha corroborado el reconocimiento al opositor Juan Guaidó como presidente interino y no ha modificado la oferta de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.