Los dos hijos del expresidente panameño están detenidos desde hace más de un año en Guatemala.
Por EFE
La Cancillería de Panamá recibió de manos de un juzgado local el pedido de detención con fines de extradición de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y lo comunicará al Órgano Judicial de Guatemala, país donde ambos están presos desde hace más de un año.
Así lo informó este martes la canciller de Panamá, Érika Mouynes, que precisó que el juzgado panameño tiene ahora «60 días para formalizar la solicitud de extradición» de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Los dos hijos del expresidente panameño están detenidos desde hace más de un año en Guatemala por pedido de la Justicia de Estados Unidos, que los solicita en extradición por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En mayo pasado el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco autorizó la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos.
En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como «Blue Apple», y la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se desarrolla desde la semana pasada la audiencia preliminar, dijo que pidió su extradición.
«En la tarde de ayer (lunes) recibimos la notificación de la jueza solicitando la detención preventiva con miras a una extradición. La Cancillería es el conducto por el cual se comunican ambas autoridades jurisdiccionales y nosotros vamos a proceder a darle curso a esa solicitud de notificación al Órgano judicial guatemalteco», dijo Mouynes a la cadena panameña Telemetro.
Agregó que la jueza panameña «tiene ahora 60 días para formalizar la solicitud de extradición», a la cual también «le daríamos curso» entregándola a las autoridades guatemaltecas pertinentes, añadió la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá.
Un total de 54 ciudadanos están imputadas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales), corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir) y falsificación en el caso «Blue Apple», una trama de pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado que involucra a empresas locales y extranjeras, de acuerdo con la información judicial.
Este caso se inició en septiembre de 2017 e involucra «más de 82 millones de dólares que se utilizaron para blanqueo de capitales» dijo el jueves pasado el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.