La última ola de allanamientos y arrestos concluyó en noviembre pasado.
Por EFE
El observatorio Monitoreo Azul y Blanco de Nicaragua afirmó este miércoles que una ola de violaciones a los derechos humanos está en proceso en el país centroamericano, cuando faltan cinco días para el cuarto aniversario de las masivas protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Esta organización contabiliza “29 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos entre lunes 11 y martes 12 de abril”, incluyendo “siete hostigamientos” y “seis detenciones” de personas que han expresado su rechazo hacia Ortega, incluyendo cuatro músicos.
Monitoreo Azul y Blanco también reportó 11 allanamientos a familias opositoras, cuatro amenazas y una “judicialización”.
Por su parte, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), que aglutina a unas 60 organizaciones comunales, llamó a la disidencia a denunciar la violencia y el abuso de poder y también pidió a la comunidad internacional mantener la vista a lo que ocurre en Nicaragua.
“Hacemos un llamado urgente a la solidaridad ciudadana y a la denuncia colectiva y masiva de estas nuevas expresiones de violencia y abuso de poder, así como a reforzar medidas de seguridad. A la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, les instamos a mantener la mirada vigilante sobre la situación de Nicaragua, y a seguir demandando la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia”, indicó la AMS.
Los allanamientos y arrestos de opositores ocurren periódicamente en Nicaragua desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
La última ola de allanamientos y arrestos concluyó en noviembre pasado, en el marco de los comicios generales en los que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con siete de sus adversarios en prisión.
En las últimas dos semanas Murillo ha insistido en que las protestas contra su esposo “no volverán jamás”.
En 2018 los nicaragüenses se levantaron en masivas protestas antigubernamentales, que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos y miles de personas arrestadas, de las cuales 181 continúan en prisión, más una cantidad superior a 100.000 en el exilio.