La decisión del Ejecutivo y del Legislativo ha causado polémica en Nicaragua, debido a que aumenta la influencia del Estado en las universidades del país.
Por EFE
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, creó este lunes tres nuevos centros de educación superior, con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas que fueron despojadas de sus personalidades jurídicas la semana pasada.
A petición del Ejecutivo, los diputados establecieron la nueva Universidad Nacional Politécnica (UPN), en sustitución de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior, para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.
De la misma manera, creó la Universidad Nacional «Francisco Luis Espinoza Pineda» con lo que antes fue la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), que pertenecía a la Arquidiócesis de Estelí, una de las más críticas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Los diputados crearon un tercer centro, denominado Universidad Nacional Multidisciplinaria «Ricardo Morales Avilés», para aglutinar a la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh).
Según la Asamblea Nacional, dichos centros serán sucesores «legales sin solución de continuidad» de las extintas universidades, y gozarán de «personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones», además serán miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Las universidades ilegalizadas la semana pasada formaron parte de un grupo de 14 centros de estudios superiores a las que el Parlamento de Nicaragua canceló sus personalidades jurídicas por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
También pertenecen a un conglomerado de 87 organizaciones no gubernamentales que han sido ilegalizadas desde las protestas antigubernamentales de 2018, que fueron lideradas por estudiantes, en su mayoría universitarios.
La decisión del Ejecutivo y del Legislativo ha causado polémica en Nicaragua, debido a que aumenta la influencia del Estado en las universidades del país.
Al menos uno de los rectores, Adrián Meza, de la UPF, optó por el exilio en Costa Rica, alegando razones de seguridad.
Las masivas manifestaciones antigubernamentales lideradas por los estudiantes en abril de 2018 fueron neutralizadas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los cuales el Gobierno ha admitido 200 y denunciado se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.