Hace 15 días, el Gobierno del presidente Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONG.
Por EFE
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, aprobó este jueves con carácter urgente una ley que regulará y controlará a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de las cuales más de 100 han sido ilegalizadas en los últimos cuatro años.
La Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro fue aprobada con el voto de los 77 diputados sandinistas y sus aliados, con 12 abstenciones, cero en contra y dos que no ejercieron su derecho al voto.
La legisladora sandinista Loria Raquel Dixon, quien presentó la iniciativa, explicó en el pleno que esa ley sustituye a la anterior normativa, la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992 y que tenía 30 años de vigencia.
La nueva normativa otorga mayores facultades al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro sobre regulación y control de las ONG, indicó.
«Permitirá mejorar su capacidad y cobertura para la efectiva y eficaz aplicación de la ley. Además, incluye el contenido mínimo de los instrumentos constitutivos y estatuto», aseguró.
La diputada sandinista señaló, además, que «la emisión de una nueva ley que regula el funcionamiento de los organismos sin fines de lucro se da de cara a la realidad social económica y jurídica del país».
«El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que el Estado de Nicaragua es suscriptor, manifestó que los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) juegan un papel vital en la economía y la sociedad nacional», apuntó en la iniciativa.
«Sin embargo, ese mismo organismo en su campaña internacional en curso contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha demostrado que las OSFL son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado transnacional», argumentó en el documento.
Sostuvo que esa ley promoverá «prácticas de transparencia en la ejecución de los proyectos de naturaleza religiosa, caritativa, civil, social, cultural y de educación desarrollados por la iniciativa establece las facultades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro».
«DEMOLICIÓN DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN»
Hace 15 días, el Gobierno del presidente Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONG, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.
Con la anulación de esas 25 organizaciones, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, sumaron 112 las ONG locales que han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Ortega.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas, y cerrado temporalmente el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, Casa España.
En un estudio denominado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, también ilegalizadas, indicaron que hasta el 21 de febrero pasado al menos 115 ONG nicaragüenses habían sido canceladas o «allanadas de facto» desde que Ortega retornó al poder en 2007, de ellas 87 en los últimos tres años, a las que hay que sumar esas 25.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.