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Miles de despidos y una economía paralizada en una de las regiones más pobres de Panamá

May 26, 2025 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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La industria bananera, con una nómina total que supera las 7.000 plazas, es la principal empleadora de la provincia.

Por EFE

Los bloqueos de calles en la localidad occidental de Changuinola se mantienen este lunes tras un mes de protestas del sindicato de la industria bananera, el principal empleador de la provincia de Bocas del Toro, una de las más pobres de Panamá y donde la transnacional Chiquita despidió la semana pasada a unos 4.800 trabajadores.

La crisis deriva de una reforma a la seguridad social que afectó los beneficios de los trabajadores de la industria bananera, cuyo paro liderado por el Sindicato de Trabajadores del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) fue declarado ilegal por un tribunal de Trabajo, tras lo cual Chiquita anunció el despido masivo alegando el abandono del trabajo y pérdidas por 75 millones de dólares.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, Aris Pimentel, recalcó este lunes a la cadena TVN que «casi toda la economía de Bocas» gira en torno a «Chiquita desde hace años», por lo que el despido masivo de sus jornaleros coloca a la provincia en una situación «súper difícil».

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, recordó en un mensaje en su cuenta de X que «por cada trabajador bananero despedido, hay 5 o 6 personas afectadas», por lo que tildó de «enorme el impacto» de los despidos de la transnacional bananera.

«Bocas del Toro enfrenta una incidencia de pobreza multidimensional del 38,9 %, una de las más altas del país, con carencias en educación, empleo y servicios básicos», argumentó Leblanc, que apeló a los «verdaderos líderes comunitarios y sindicales» al asegurar que «salvaguardar los empleos en Bocas del Toro es un acto de grandeza».

Cierres y bloqueos se mantienen

La localidad de Changuinola es la ciudad cabecera de Bocas del Toro y tiene 6.708 habitantes, mientras que en el distrito homónimo viven 101.091 personas, según el censo nacional de 2023.

La industria bananera, con una nómina total que supera las 7.000 plazas, es la principal empleadora de la provincia, donde también pequeños y micro empresarios producen plátano, cacao y ganadería, como explicó Pimentel.

Chiquita controla el 90 % de la producción nacional de banano, que se mantuvo en el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17,5 % de las ventas al exterior y alcanzar los 324,4 millones de dólares, el mayor valor en 15 años, según el Gobierno.

Los cierres en las calles de Changuinola «se mantienen, solamente se nos permite con un horario movernos para efectos de viajar de un lado a otro, en el caso de los que manejamos negocios de distribución lo hemos logrado hacer pero con mucha limitante», explicó el presidente de la Cámara de Comercio provincial.

Hay escasez de enseres básicos y «no hay liquidez o ingresos de ningún tipo» para muchos comercios luego de un mes de crisis, por lo que «hay una posibilidad real de que muchos de ellos no puedan volver a abrir», añadió Pimentel.

Actualización de los beneficios para el sector bananero

Representantes sindicales y del Gobierno del presidente José Raúl Mulino mantuvieron negociaciones que llevaron a la redacción de una actualización de la Ley 45, que establece los beneficios para los trabajadores bananeros, que será presentada esta semana al Parlamento, según dijo la ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz.

Esta propuesta no logró persuadir la semana pasada a los líderes sindicales, que se ratificaron en el paro, lo que llevó a Chiquita a terminar la relación laboral con 4.800 trabajadores, según la cifra aportada por el Gobierno.

El Ejecutivo ha establecido una comisión de alto nivel que deberá definir la hoja de ruta para enfrentar la crisis en Bocas del Toro, incluido un diálogo con Chiquita para que no abandone el país y retome su actividad con nuevo personal local.

El sindicato de bananeros ha dicho que se mantendrá en paro hasta que se derogue la nueva Ley del Seguro Social, lo mismo que gremios de educadores del sector público y la construcción, pero el Gobierno ha descartado esa posibilidad y apela a explicar las bondades de la reforma.

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